La comunidad mapuche continúa su lucha contra el gobierno de Chile, que no ha cumplido el compromiso de ratificar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ni la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, endureciendo de manera inexplicable la criminalización de la protesta social indígena.
Durante los gobiernos de la Concertación, más de 420 mapuches han sido procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y
Algunos detenidos llevan ya 80 días en huelga de hambre dentro de las cárceles y, según el informe de los médicos que los atienden, se encuentran en “un estado de salud crítico, con riesgo vital”, con una pérdida de peso que fluctúa entre los 14 y los 23 kilos.
Decenas de comunidades mapuche se encuentran cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos propiedad de grandes holdings de empresas, más de 2 millones de hectáreas en total, mientras que el pueblo mapuche apenas cuenta con 700.000.
El negocio maderero, que incluye plantas de celulosa, genera más de 3.000 millones de dólares en beneficios y ahora se pretende aumentar a 5 millones de hectáreas las superficies plantadas.
Los daños que dicha política está causando son incalculables: disminuyen las fuentes naturales de agua de las que se nutre la comunidad, agotadas por el sobre consumo de especies exóticas, se fumiga con productos químicos altamente tóxicos para la salud, la fauna silvestre y la fauna son lentamente arrasados y, con ellos, las planta medicinales utilizadas por los nativos. Y Los proyectos viales que se construyen para facilitar vías de acceso rápidas a las empresas madereras destruirán gran parte del ecosistema de la zona.
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