Fowzan al-Harbi es un destacado activista saudí de derechos humanos que está siendo juzgado por su
activismo y se encuentra recluido arbitrariamente desde el 26 de diciembre de
2013. Ese día, a sus 36 años y con dos hijos, fue detenido al final de la segunda sesión de su juicio ante el
Tribunal Penal de la capital saudí, Riad. El juez lo ordenó sin explicar el
motivo, pese a ser preguntado de manera reiterada por el abogado defensor.
Al-Harbi es miembro fundador
de la ONG de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos,
la mayoría de cuyos fundadores fueron encarcelados en 2013 por cargos
similares. Él estaba siendo investigado desde el 11 de mayo del pasado año en la
Oficina de Investigación y Enjuiciamiento.
Su juicio comenzó el 4 de
diciembre y está acusado de delitos como "incitar a la desobediencia al
gobernante convocando manifestaciones", "firmar documentos que
incitan a la opinión pública en contra de las autoridades",
"calificar el Estado saudí de ‘Estado policial’", "acusar a la
judicatura de ser incapaz de administrar justicia", "cofundar una
organización ilegal" (que se entiende que es la Asociación Saudí de
Derechos Civiles y Políticos) y "hacer caso omiso de decisiones judiciales
en que se ordena su disolución".
Al-Harbi ha denunciado las malas condiciones de reclusión, pues ha sido obligado a dormir en el pasillo que conduce a la mezquita de la prisión debido al hacinamiento existente, con una manta vieja y sucia que le dio un preso para protegerse del frío. Se encuentra recluido en la prisión de Al Malaz de Riad.
Las autoridades saudíes
continúan procesando a defensores de los derechos humanos con total impunidad y
tomando medidas arbitrarias contra ellos, como prohibirles viajar. Los miembros
de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fundada en octubre de
2009, han sufrido especialmente la represión de las autoridades.
La Asociación ha informado de
violaciones de derechos humanos y ayudado a las familias de muchas personas
recluidas sin cargos ni juicio a interponer demandas contra el Ministerio del
Interior ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con
competencia para ver demandas contra el Estado y sus servicios públicos.
Dos de sus cofundadores, Abdullah al-Hamid y
Mohammad al-Qahtani, fueron condenados el pasado 9 de marzo a 10 y 11 años de
prisión, respectivamente, seguidos de la prohibición de viajar por periodos de
la misma duración de las condenas. Fueron declarados
culpables de diversos delitos, como "quebrantar la lealtad al
gobernante y desobedecerlo", "cuestionar la integridad de
funcionarios", "animar a perturbar la seguridad e incitar al desorden
convocando manifestaciones", "difundir información falsa a grupos
extranjeros", "violar el artículo 6 de la ley de tecnología de la
información" y "formar una organización no autorizada". El
tribunal ordenó además la disolución de la Asociación, la confiscación de sus bienes
y el cierre de sus cuentas en redes sociales.
Otro de sus miembros fundadores, Abdulkareem
al-Khoder, catedrático de jurisprudencia islámica, fue
declarado culpable de cargos similares y condenado a 8 años de prisión,
seguidos de la prohibición de viajar durante 10 años, el 24 de junio de 2013.
Otro miembro de la Asociación, Omar al-Sa’id, de 22 años, fue
condenado el 12 de diciembre del mismo año a cuatro años de prisión y a recibir
300 latigazos por un tribunal penal de Burayda. Le prohibieron también
viajar durante cuatro años una vez cumplida la condena de prisión. Los cargos
contra él eran similares a los presentados contra otros miembros de la
Asociación.
Dos miembros más de la Asociación, Issa al-Hamid
y Abdulaziz al-Shubaily, han sido citados varias veces por la Oficina de
Investigación y Enjuiciamiento para interrogarlos sobre su activismo pacífico. El
primero, hermano de Abdullah al-Hamid, está siendo investigado por "agitar
a la opinión pública" y "fundar una organización ilegal y desempeñar
la función de presidente de ella". Fowzan al-Harbi, otro de los
cofundadores y actual vicepresidente de la Asociación, también está siendo
objeto de investigación desde el 11 de mayo pasado por cargos similares a los
de sus colegas. Se teme que ambos sean juzgados y encarcelados en breve.
También han sufrido hostigamiento de las
autoridades saudíes otros grupos y activistas de derechos humanos
independientes. Waleed Abu al-Khair, destacado defensor de los derechos humanos
y director de Vigilancia Saudí de los Derechos Humanos, fue condenado el 29 de
octubre del año pasado a tres meses de prisión por el Tribunal Penal de Yidda,
que lo declaró culpable de "ridiculizar el sistema judicial saudí".
Se enfrenta a otra causa, ante el Tribunal Penal Especial, por cargos
relacionados con su activismo pacífico.
Seis destacados reformistas,
entre los que figuran Suliaman al-Rashhudi y Saud al-Hashimi, cumplen desde
finales de 2012 largas condenas de prisión impuestas a raíz de que
distribuyeran una petición en
demanda de reformas políticas y sometieran a debate una propuesta de
establecimiento de una organización de derechos humanos independiente.
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