Activista de derechos humanos encarcelado en Arabia Saudí

Fowzan al-Harbi es un destacado activista saudí de derechos humanos que está siendo juzgado por su activismo y se encuentra recluido arbitrariamente desde el 26 de diciembre de 2013. Ese día, a sus 36 años y con dos hijos, fue detenido al final de la segunda sesión de su juicio ante el Tribunal Penal de la capital saudí, Riad. El juez lo ordenó sin explicar el motivo, pese a ser preguntado de manera reiterada por el abogado defensor.

Al-Harbi es miembro fundador de la ONG de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, la mayoría de cuyos fundadores fueron encarcelados en 2013 por cargos similares. Él estaba siendo investigado desde el 11 de mayo del pasado año en la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento.

Su juicio comenzó el 4 de diciembre y está acusado de delitos como "incitar a la desobediencia al gobernante convocando manifestaciones", "firmar documentos que incitan a la opinión pública en contra de las autoridades", "calificar el Estado saudí de ‘Estado policial’", "acusar a la judicatura de ser incapaz de administrar justicia", "cofundar una organización ilegal" (que se entiende que es la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos) y "hacer caso omiso de decisiones judiciales en que se ordena su disolución".

Al-Harbi ha denunciado las malas condiciones de reclusión, pues ha sido obligado a dormir en el pasillo que conduce a la mezquita de la prisión debido al hacinamiento existente, con una manta vieja y sucia que le dio un preso para protegerse del frío. Se encuentra recluido en la prisión de Al Malaz de Riad.

Las autoridades saudíes continúan procesando a defensores de los derechos humanos con total impunidad y tomando medidas arbitrarias contra ellos, como prohibirles viajar. Los miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fundada en octubre de 2009, han sufrido especialmente la represión de las autoridades.

La Asociación ha informado de violaciones de derechos humanos y ayudado a las familias de muchas personas recluidas sin cargos ni juicio a interponer demandas contra el Ministerio del Interior ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con competencia para ver demandas contra el Estado y sus servicios públicos.

Dos de sus cofundadores, Abdullah al-Hamid y Mohammad al-Qahtani, fueron condenados el pasado 9 de marzo a 10 y 11 años de prisión, respectivamente, seguidos de la prohibición de viajar por periodos de la misma duración de las condenas. Fueron declarados culpables de diversos delitos, como "quebrantar la lealtad al gobernante y desobedecerlo", "cuestionar la integridad de funcionarios", "animar a perturbar la seguridad e incitar al desorden convocando manifestaciones", "difundir información falsa a grupos extranjeros", "violar el artículo 6 de la ley de tecnología de la información" y "formar una organización no autorizada". El tribunal ordenó además la disolución de la Asociación, la confiscación de sus bienes y el cierre de sus cuentas en redes sociales.

Otro de sus miembros fundadores, Abdulkareem al-Khoder, catedrático de jurisprudencia islámica, fue declarado culpable de cargos similares y condenado a 8 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante 10 años, el 24 de junio de 2013. Otro miembro de la Asociación, Omar al-Sa’id, de 22 años, fue condenado el 12 de diciembre del mismo año a cuatro años de prisión y a recibir 300 latigazos por un tribunal penal de Burayda. Le prohibieron también viajar durante cuatro años una vez cumplida la condena de prisión. Los cargos contra él eran similares a los presentados contra otros miembros de la Asociación.

Dos miembros más de la Asociación, Issa al-Hamid y Abdulaziz al-Shubaily, han sido citados varias veces por la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento para interrogarlos sobre su activismo pacífico. El primero, hermano de Abdullah al-Hamid, está siendo investigado por "agitar a la opinión pública" y "fundar una organización ilegal y desempeñar la función de presidente de ella". Fowzan al-Harbi, otro de los cofundadores y actual vicepresidente de la Asociación, también está siendo objeto de investigación desde el 11 de mayo pasado por cargos similares a los de sus colegas. Se teme que ambos sean juzgados y encarcelados en breve.

También han sufrido hostigamiento de las autoridades saudíes otros grupos y activistas de derechos humanos independientes. Waleed Abu al-Khair, destacado defensor de los derechos humanos y director de Vigilancia Saudí de los Derechos Humanos, fue condenado el 29 de octubre del año pasado a tres meses de prisión por el Tribunal Penal de Yidda, que lo declaró culpable de "ridiculizar el sistema judicial saudí". Se enfrenta a otra causa, ante el Tribunal Penal Especial, por cargos relacionados con su activismo pacífico.

Seis destacados reformistas, entre los que figuran Suliaman al-Rashhudi y Saud al-Hashimi, cumplen desde finales de 2012 largas condenas de prisión impuestas a raíz de que distribuyeran una petición en demanda de reformas políticas y sometieran a debate una propuesta de establecimiento de una organización de derechos humanos independiente.