Un traspaso de poderes nunca es comparable a un camino de rosas. En la mayoría de las ocasiones, los recién llegados al cargo se quejan de la aparición de deudas que se desconocían, o de malas prácticas ignotas hasta el momento de hacerse con el poder. El aterrizaje de Juan Ignacio Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla tiene pinta de convertirse en un buen ejemplo de ello.
El equipo capitaneado por el nuevo alcalde denuncia irregularidades en la gestión de las cuentas del anterior gobierno a los pocos días de hacerse con el timón de la ciudad. No sólo tiene la obligación de concluir proyectos de envergadura retrasados y lastrados con sorpresivos sobrecostes. Además ha de hacer frente a número indeterminado de facturas impagadas que van apareciendo a medida que se pasa el aspirador por los rincones. Zoido ya se encargó de advertirlo antes de entrar en faena, por si acaso. Aunque, a estas alturas, lo sorprendente sería encontrar playas bajo las alfombras municipales.
La mala gestión de la cosa pública está en el origen de estos desfases presupuestarios, en los que a menudo el dinero presupuestado es destinado a otro fin más urgente y más acorde con los intereses del político de turno. La política tiene estos pequeños inconvenientes de los que rara vez se dan cuentas a los ciudadanos.
Esta circunstancia provoca un claro impedimento a la hora de aplicar el programa electoral que ha vencido en las elecciones, al tener que hacer frente a unos gastos no previstos. Con toda probabilidad, recursos que estaban predestinados a otros fines habrán de ser sacrificados para satisfacer la deuda contraída. O eso, o incrementarla. En ambos casos, los últimos afectados serán los ciudadanos que verán insatisfechas algunas necesidades que bien podían ser cubiertas con dichas cantidades.
Convendría plantearse la necesidad de asignar a cada vencedor en las elecciones un presupuesto cerrado del que no se pudiera salir, salvo que avalara con su patrimonio personal cualquier descuadre cometido por causa de su incompetencia. Lo mismo de esa manera las inversiones se harían de manera más racional y no se repetirían los desmanes que los ciudadanos de a pie estamos tan acostumbrados a ver y a padecer.
Porque, aunque en cada operación de traspaso de poderes lo normal es que se produzcan este tipo de denuncias por el recién llegado, lo cierto es que pocas veces los ciudadanos tienen acceso a los procedimientos mediante los que se saldan dichos descuadres y las consecuencias reales de los mismos. No digamos ya de la rendición de cuentas del que ha provocado el exceso.
Además, con esta práctica tan usual, corremos el peligro de que se deje de lado la acción de gobierno cotidiana para centrarnos en exceso en los bamboleos del cesante, cuando lo primero debería ser lo prioritario y lo más necesario para los ciudadanos.
Todo esto resulta cuanto menos alarmante, porque todavía resta el aterrizaje en las empresas municipales y en ese monstruo policraneal llamado AIE de Sevilla. No es de extrañar que en esa sábana aparezcan manchas que ni con jabón verde.
2 comentarios:
Han de cambiar muchas cosas, no podemos continuar permitiendo que se gobierne desde la opacidad, el engaño, los incumplimientos y todos los excesos que cometen esta lacra de políticos profesionales e irresponsables que padecemos. Ha de acabarse esa inmunidad que tienen ante la sociedad de no dar ni siquiera explicaciones ni presentar cuentas de la gestión realizada. No puede aceptarse de ninguna de las maneras que para saber las cuentas de las administraciones y del comportamiento de los responsables haya que hacer auditorias con los gastos que ello origina porque no hay nada que les obligue a que las cuentas sean públicas y claras. Al igual que cualquier trabajador está sometido a todo tipo de controles y leyes, estos tipos han de estarlo más por estar al servicio del pueblo y ostentar el poder. Sigo indignado.
Salud Grego.
Enrique: yo también continúo indignado y no veo que los políticos estén a la altura para dar respuesta a tanta indignación.
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