Casas Viejas, el fantasma sigue vivo

El pasado día 12 culminaron los trabajos de demolición del edificio del Centro Social Ocupado y Autogestionado Casas Viejas, cuando todavía resuenan los ecos de las protestas secundadas en contra de su desalojo. El abogado de los titulares de la finca, la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán, Miguel Ángel León, manifestó que la entidad piensa seguir con su iniciativa de construir viviendas libres, ya que no tiene constancia oficial de la expropiación que sopesa el Ayuntamiento de la ciudad, y que no conoce la intención del Consistorio de crear en dicho solar equipamientos públicos destinados a usos sociales.

Los integrantes de la asamblea de Casas viejas, y los colectivos y organizaciones sociales que la apoyan, han solicitado una reunión formal a Juan José López Garzón, Delegado del Gobierno, al objeto de que les informe sobre las acusaciones vertidas por fuentes policiales que los vinculaban con el entorno de ETA, además de ejercer acciones legales contra ABC Sevilla S.L., por injurias y calumnias, contra la Policía, por detención ilegal, y contra la Gerencia de Urbanismo por el derribo parcial ilegal que está realizando la Comunidad de Bienes Hermanos Marrodán.

Ya en diciembre de 1998, manifiesta el colectivo en su web, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde a una modificación del Plan General para que en los terrenos que los Bordas poseían en la Carretera de Carmona se pasara de una edificación de 30.000 m2 a 60.000 m2, es decir, donde sólo podían construir 250 viviendas, construyeron 500.

En 2006, con la entrada en vigor del nuevo Plan General, se determina que el solar de Casas Viejas será destinado a “naves para equipamiento sociocultural que tienen como fin dinamizar la actividad en la calle Macarena y contribuir a poner en valor las murallas”, estableciendo que el sistema de actuación “será la expropiación”.

El informe que en su momento emitió la Oficina del Plan ante el uso del edificio como Centro Social (Informe OPS Alegaciones Aprobación inicial) decía textualmente “Una actuación Simple de Equipamiento para obtener un equipamiento público para uso cultural como el que se propone, nunca debe entenderse como “excusa esgrimida” para desalojar a un colectivo que, de forma ilegal, tiene su sede en el edificio”.

Emilio Carrillo, Concejal Delegado de Urbanismo, aseguró a Europa Press (29/11/07) que el PGOU contempla una parte muy importante de equipamientos públicos en el Centro Social Casas Viejas, pero que aún no se había perfilado la naturaleza de las dotaciones públicas.

Mientras tanto, la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrudán sigue adelante con su plan de construir viviendas de renta libre, sin que tenga comunicación oficial alguna por parte del Ayuntamiento de la intención de expropiar parcialmente la finca, a pesar de la relevancia que el desalojo ha alcanzado en el debate social.

Me parece cuando menos extraño que, el Ayuntamiento se muestre tan parsimonioso en llevar a cabo algo planificado desde antes del 2006, cuando ha sido tan diligente y osado a la hora de conceder el permiso de demolición que propició el desalojo y la posterior criminalización de sus ocupantes, obviando por completo el amplio apoyo popular, sobre todo por parte de los vecinos del barrio, que las actividades que en él se desarrollaban habían logrado.

Ante situaciones como éstas, no estaría de más que los poderes públicos y algún que otro medio de comunicación sopesaran la reflexión serena que escribió Carlos Taibo en el diario El País al respecto. Pudiera ser que nos ahorrásemos con ello alguna injusticia y algún que otro altercado de orden público.