La defensora de los derechos humanos de las mujeres, Azza Soliman, se tendrá que presentar ante los tribunales el 4 de julio junto a las otras 16 personas que presenciaron el homicidio policial de una activista de izquierdas. Todos ellos podrían ser condenados a penas de hasta cinco años de prisión y a multas de más de 50.000 libras egipcias (6.530 dólares estadounidenses).
Soliman, y las otras 16 personas presenciaron el homicidio por parte de la policía durante una marcha pacífica y deberán presentarse ante los tribunales el 4 de julio. El juez ya les ordenó que estuvieran presentes durante la vista que se celebró el 13 pasado de junio.
El 23 de mayo, un tribunal cairota absolvió a los 17 testigos presenciales de los cargos de protesta ilegal y alteración del orden público, de los que se les acusaba de acuerdo con la represiva Ley de Manifestaciones de Egipto. Tres días más tarde, la fiscalía de Egipto presentó un recurso. El 13 de junio se celebró la primera sesión del proceso de apelación, que tuvo lugar en el Tribunal de Apelación de Zainhom y contó con la presencia de dos observadores judiciales de la delegación de la Unión Europea en El Cairo.
De acuerdo con el Centro de Asistencia Jurídica para las Mujeres Egipcias, que fundó la misma Azza Soliman, el juez observó que los acusados no estuvieron presentes durante el juicio, tal y como dicta el Código Procesal egipcio. Los abogados defensores afirmaron que sus clientes tenían el derecho de que ellos les representaran y que les habían aconsejado que no era necesaria su presencia el 4 de julio.
El policía Yassin Hatem Salahedeen fue sentenciado a 15 años de prisión el 11 de junio por el homicidio de la activista de izquierdas y poetisa Shaimaa al-Sabbagh, que fue alcanzada por disparos el 24 de enero, durante una marcha conmemorativa pacífica organizada en el centro de El Cairo y que las fuerzas de seguridad egipcias disolvieron haciendo uso de la fuerza. Las imágenes de vídeo y las fotografías que tomaron periodistas y activistas han suscitado indignación generalizada dentro y fuera de Egipto.
La protestas tuvo lugar en la plaza de Tahrir y estaba organizada por la formación política de izquierdas Partido de Alianza Popular Socialista. El pequeño grupo, de alrededor de 30 personas, llevaba una pancarta con el nombre del partido, así como flores con las que rendir homenaje a los centenares de personas muertas durante el levantamiento de 2011. Marchaban por la acera para no interrumpir el tráfico.
Según la Ley de Manifestaciones de Egipto, participar en una reunión o manifestación de más de 10 personas sin autorización previa del Ministerio de Interior es delito. No obstante, los participantes afirman que no se estaban manifestando, sino que hacían una marcha para conmemorar a quienes murieron. Un testigo presencial ha contado que las fuerzas de seguridad apostadas a la entrada de la plaza de Tahrir detuvieron la marcha en la cercana calle de Talaat Harb y abrieron fuego contra los participantes con escopetas y gas lacrimógeno.
El director del Instituto de Medicina Forense de Egipto confirmó que Shaimaa Al-Sabbagh murió por heridas de perdigones disparados a ocho metros de distancia y que le penetraron en la espalda y la nuca. Las autoridades negaron al principio que las fuerzas de seguridad fueran responsables de la muerte. El fiscal acusó después a un miembro de éstas de "golpes, lesiones o administración de sustancias nocivas que provocaron la muerte" de la activista. El agente cumple actualmente una condena de 15 años de prisión.
Azza Soliman, fundadora de la ONG Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres Egipcias, manifestó durante su testimonio que no había participado en la marcha, sino que estaba sentada en una cafetería con su familia y unos amigos. Oyó a los participantes corear sus lemas y se acercó a ver la protesta. Vio que las fuerzas de seguridad disolvían la marcha con gas lacrimógeno y disparos de escopeta. También vio un cuerpo tirado en la calle y se enteró de que era el de Al-Sabbagh.
Otras dos de las personas sometidas ahora a juicio tampoco participaron en la marcha. Una de ellas es un médico que prestó los primeros auxilios a la víctima cuando la dispararon, y la segunda, un transeúnte que la llevó a una cafetería cercana por seguridad. Ambos fueron detenidos allí mismo.
Los 14 acusados restantes participaron en la marcha conmemorativa pacífica. A algunos los detuvieron en el lugar del suceso y a otros cuando acudieron a testificar citados por el fiscal. A un hombre lo acusaron de haber matado a la activista tras declarar como testigo. Como no había pruebas contra él, lo acusaron entonces de manifestarse ilegalmente y alterar el orden público.
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