La denuncia que la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir presentó a la Fiscalía el 28 de mayo de 2012 y que dio origen al denominado Caso Marismas, expone en su punto decimoséptimo que tanto Carlos Javier Rodríguez Pérez, Jefe de Servicio de Regadíos e Infraestructuras de la Consejería de Agricultura, como José Luis Sánchez Teruel, Director General de Regadíos, “están presentes en el acuerdo que realiza la Comunidad de Regantes con la UTE Riegos Marismas (Befesa/Alpi), que incluso se eleva a público, por el cual se supedita la finalización de la obra a la aceptación por la Comunidad y por la Junta de Andalucía de un proyecto complementario, cuyo valor sería de más de 14 millones de euros, de las obras de modernización, que en realidad se trata de una subida de precios encubierta y que debía ser adjudicada a dedo a la misma UTE Riegos Marismas, lo cual constituye una ilegalidad ya que un Proyecto Complementario debería volver a salir a licitación pública”.
Tras consultar a varias fuentes cercanas al caso que tienen acceso a las actuaciones practicadas por los agentes responsables de la investigación, ninguna de ellas ha sabido dar cuenta de la existencia en el sumario del caso del acta de dicha reunión o de la existencia del documento notarial que pruebe su celebración. La acusación que la Comunidad de Regantes refleja en su denuncia es extremadamente grave, ya que supondría la prueba definitiva de que dos altos funcionarios de la Junta de Andalucía, como mínimo, habrían participado de forma activa en la comisión de una acto a todas luces ilegal con pleno conocimiento de ello. De ahí la importancia de dicho documento.
Sin embargo, sí tengo constancia de otro documento firmado por el entonces presidente de la Comunidad de Regantes, Diego García Santos, con fecha 1 de agosto de 2008 en papel con el membrete de dicha corporación, en el que se da cuenta de una reunión a la que asisten representantes de la Junta Rectora, de la UTE Riegos Marismas y en presencia de Carlos Javier Rodríguez Pérez.
Según dicho documento, en esa reunión se toman una serie de acuerdos. El primero es el compromiso por escrito de la UTE Riegos Marismas, “ante la Junta de Andalucía y en presencia de la Comunidad de Regantes”, a que “no existirán más reclamaciones económicas” y a “la finalización de las obras en un plazo razonable (acordado por las tres partes)”.
El segundo consiste en la “Presentación del Proyecto de Construcción de Modernización de nuestra zona regable, propuesta por la contrata (UTE Riegos Marismas), supeditado antes de su aprobación, a la ratificación del mismo a la Comunidad de Regantes”.
A continuación se acuerda que “en el mes de septiembre”, la Comunidad de Regantes “realizará una modificación del presupuesto, ajustándola a la realidad de las obras, hasta final de año”. Y finalmente, se establece que “si, previo a la aprobación del proyecto de construcción por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, no se ha llegado a un acuerdo con la Comunidad de Regantes, (Ejecución de los trabajos y Proyecto Complementario)”, se entenderá que “quedará totalmente eximido lo anteriormente expuesto”.
En el marco del contexto del caso, lo acordado en dicha reunión no sería más que la modificación del proyecto inicial que firmó el director de obra Joaquín Sánchez Mancha, en la que se extraían partidas ya subvencionadas para incluirlas en un proyecto complementario que debía ser adjudicado a dedo a la entonces filial de Abengoa, Befesa, y para el que se tramitaría una nueva subvención de la Junta de Andalucía. Dichos hechos también están recogidos en el informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) en su apartado 2.2.
Esta operación “es de una gravedad extrema”, según recogen los investigadores en su informe al instructor de fecha 5 de mayo de 2015, en el que afirman que esa manera de proceder dice mucho de cómo actuaban los controles de la Consejería y su Delegación Provincial “en sus labores de inspección y control” del buen uso de los fondos públicos, ya que permitieron “que se lleve a cabo dando los pasos previos para esa nueva subvención”.
Ese mismo día, 1 de agosto de 2008, ocurre otro hecho paralelo que consolida aún más esta tesis de la investigación. La UTE Marismas Construcción, subcontratada por la UTE Riegos Marismas prácticamente para la ejecución de toda la obra, sufre un significativo cambio en sus estatutos. Tal como acredita un documento elevado a público en una notaría de Sevilla, aquel día salían de la composición de dicha UTE las empresas Construcciones Alpi y Meci Works, y permanecían Befesa Agua, con un 90% y Tegner con un 10%. A las compañías salientes se les liquida el importe de su participación en las obras hasta esa fecha y se nombra gerente de la misma a Juan Peña López-Pazo, apoderado de Befesa.
El 18 de septiembre del mismo año, Juan Peña López-Pazo, en su calidad de apoderado de la UTE Riegos Marismas, acude a una notaría de Los Palacios y Villafranca para efectuar el Acta de Manifestaciones número 1.819. Su contenido recoge una serie de manifestaciones de Peña López-Pazo “en cumplimiento de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes las Marismas del Guadalquivir de fecha 1 de agosto pasado, de cuyo contenido somos perfectos conocedores al obrar en nuestro poder copia del referido acta", y "en nombre de la entidad a la que represento, y en uso de las facultades que le han sido conferidas”.
Entre ellas se recoge el compromiso por parte de la UTE Riegos Marismas a finalizar las obras del Proyecto de Modernización antes del 1 de julio de 2009 y la puesta en riego de la referida estructura nunca más tarde del 23 de septiembre de ese año. Además asume todos los “compromisos contractuales asumidos” tanto con la Comunidad de Regantes como con los proveedores y se compromete a “no reclamar cantidad adicional alguna, bajo ningún concepto, ni solicitar aumento de plazo de ejecución de la obra” al reflejado en dicho documento.
En definitiva, recoge la totalidad de los acuerdos emanados de la reunión de agosto de 2008. Además, se da la circunstancia de que el Proyecto Constructivo que se acordó entonces se presentó en la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía el 23 de septiembre de ese mismo año, firmado por Diego García Santos, presidente de la Comunidad de Regantes, Joaquín Sánchez Mancha, director facultativo de la obra, y el propio Peña López-Pazo como gerente de la UTE.
No deja de sorprenderme que un hecho de tal naturaleza y magnitud haya pasado desapercibido en lo que se conoce de la investigación a día de hoy, y más cuando en las 21 grabaciones aportadas como prueba por la propia Comunidad de Regantes, que ha analizado a conciencia el equipo de la Guardia Civil encargado del caso, se hace referencia con insistencia a la misma.
Además, el entonces gerente de la Comunidad de Regantes, Jorge Liranzo Campos, reconoce en su declaración ante la Guardia Civil de 28 de abril de 2015, que los regantes recibieron presiones en agosto de 2008 para que se firmara el proyecto constructivo de la Dirección General de Regadíos y de Carlos Javier Rodríguez Pérez, que los citó a una reunión en su despacho donde se les presionó “en el sentido de que si querían acabar la obra había que hacer lo que ellos quisieran, tal es así que se firmó en ese mismo momento”.
Con respecto al Proyecto Complementario, Liranzo reconoce en su declaración que lo negocia Befesa con la Junta “para obtener beneficios económicos” y afirma que el proyecto no contemplaba suficiente obra para ser aprobado y que todas las desviaciones o pérdidas presupuestarias que tuvo Befesa en el proyecto constructivo “se metían en ese complementario”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario