Marvin Wilson, afroamericano de 54
años, será ejecutado el martes en el estado de Texas por un asesinato cometido
en 1992. El 4 de noviembre de aquel año, Wilson fue detenido y luego puesto en
libertad bajo fianza por posesión de cocaína. Seis días después se encontró en
Beaumont, Texas, el cadáver de Jerry Williams, el informador de la policía que
había conducido a su detención. Le habían disparado. Marvin Wilson fue acusado
de su asesinato, declarado culpable y condenado a muerte en 1994.
En 1997, la Corte de Apelaciones en lo
Penal de Texas anuló su declaración de culpabilidad porque el fiscal había
presentado argumentos indebidos al jurado. Fue juzgado de nuevo en 1998 y volvió
a ser declarado culpable y condenado a muerte. Sus abogados actuales han puesto
en duda su papel exacto en el asesinato y la fiabilidad de las pruebas
presentadas en su contra.
En 2003, los abogados de Wilson
impugnaron su condena a muerte alegando discapacidad intelectual de su
defendido y un año más tarde un neuropsicólogo designado por el tribunal, con
22 años de experiencia clínica, se la diagnosticó tras someter al condenado a
nueve pruebas diferentes de distinto tipo y revisar los materiales e historiales
existentes.
Señaló que al reo se le había calculado
un cociente intelectual entre 61 y 75: el más bajo era el que se le había
calculado recientemente, con una prueba considerada en general la más exacta.
Wilson había asistido a clases de
educación especial durante su etapa escolar infantil y el experto concluyó que,
de adulto, su desarrollo lingüístico estaba “bien entrado en el grado de
discapacidad”, su comprensión lectora era “muy limitada” y sus aptitudes
conceptuales y prácticas eran sustancialmente deficientes. La acusación no ha presentado
testimonios de expertos que rebatan estas conclusiones, pero los tribunales
estatales rechazaron la alegación basándose en las directrices de la Corte de
Alegaciones de lo Penal de Texas y los tribunales han confirmado esta negativa.
La alegación de los abogados de Wilsón
se basó en una sentencia de 2002 de la Corte Suprema de Estados Unidos, la de
Atkins versus Virginia, que declaró ilegal la ejecución de personas que
sufrieran “discapacidad Intelectual”, por consicderar que violaba la
prohibición constitucional de las “penas crueles e insólitas”.
En dicha
sentencia, la Corte no definió la discapacidad intelectual, aunque señaló las
definiciones empleadas por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Asociación
Estadounidense sobre Discapacidad Intelectual (ahora denominada Asociación
Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo). Según tales
definiciones, esta discapacidad, que se manifiesta antes de los 18 años, se
caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la
media (por lo general, señalado por un cociente intelectual inferior a 70),
acompañado de limitaciones en dos o más áreas adaptativas, como la
comunicación, el cuidado de uno mismo, el trabajo y el funcionamiento en la
comunidad.
La Corte Suprema dejó en manos de los estados el modo de cumplir con
la sentencia. Diez años después, la Cámara de Representantes de Texas aún no ha
promulgado una ley para aplicar la resolución. Ante la ausencia de dicha
legislación, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitió en 2004
directrices temporales.
Un tribunal de primera instancia de Texas rechazó la alegación Atkins de Marvin
Wilson en noviembre de 2004. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas y los
tribunales federales confirmaron esta decisión, pese a que la acusación no
había presentado ningún testimonio experto que rebatiera la conclusión del
experto de la defensa de que Marvin Wilson cumplía los criterios para un
diagnóstico de discapacidad intelectual leve.
El tribunal estatal abordó en un solo
párrafo la cuestión de los déficits adaptativos y la cuestión de que la
discapacidad intelectual había aparecido antes de los 18 años. De hecho, no
llegó a ninguna conclusión explícita sobre si Marvin Wilson tenía limitaciones
significativas en cuanto al funcionamiento adaptativo. En lugar de eso, llegó a
conclusiones en virtud de las directrices "temporales" de 2004
elaboradas por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas ante la ausencia de
una orientación de la Cámara de Representantes texana (esas directrices se
conocen como factores "Briseño", ya que se elaboraron en el caso del
condenado a muerte José Briseño).
Así, por ejemplo, el tribunal estatal
concluyó que no había pruebas de que Marvin Wilson siguiera las indicaciones de
otra persona, que era capaz de mentir cuando consideraba que servía a sus
intereses, que el delito demostraba premeditación y planificación deliberadas y
que no había pruebas de que nadie le hubiera considerado un discapacitado
intelectual ni le hubiera diagnosticado dicha discapacidad antes de los 18
años.
En 2011, la Corte de Apelación del Quinto Circuito, corte federal, señaló que, "basándose en las pruebas [presentadas ante el tribunal estatal], otros investigadores podrían llegar a una conclusión diferente respecto a si Wilson sufre discapacidad intelectual". Pese a ello, la Corte del Quinto Circuito resolvió que, en virtud de la deferencia que, según la ley estadounidense, los tribunales federales deben otorgar a las resoluciones de los tribunales estatales, Marvin Wilson no había superado la "presunción de corrección" adscrita a la decisión del tribunal estatal.
Los abogados de Wilson han apelado ante
la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con varias cuestiones, incluida
la de si Texas -y la Corte del Quinto Circuito, como corte federal encargada de
supervisar los casos de pena capital en Texas- se han convertido en
"factores atípicos extremos" que, al basarse en los "factores
Briseño", proporcionan una protección deficiente en virtud de la
resolución Atkins.
En su informe a la Corte, alegan:
"Los tribunales de Texas y la Corte del Quinto Circuito están […]
permitiendo que la ejecución siga adelante, tras concluir que la resolución
Atkins no se aplica al Sr. Wilson porque éste no cumple los factores ‘Briseño’.
Los factores Briseño, que los tribunales de Texas utilizan para determinar la
discapacidad intelectual, limitan la categoría de delincuentes protegidos por
la resolución Atkins al permitir la ejecución de delincuentes con una
‘discapacidad intelectual leve’, el trastorno para el que Atkins anunció
originalmente la exención de la Octava Enmienda". La cuestión que se
plantea a la Corte Suprema, expone el informe, es "si Texas puede eludir
la resolución Atkins y si los tribunales federales de instancia inferior deben
hacerla cumplir".
Los abogados han seguido apelando además contra la fiabilidad de la declaración de culpabilidad de Marvin Wilson, y han señalado los motivos dados por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Atkins para prohibir la pena de muerte contra delincuentes que sufren una discapacidad intelectual, de quienes la Corte Suprema ha dicho que son categóricamente menos culpables a causa de su discapacidad (por ejemplo, esa discapacidad puede hacer que una persona no pueda testificar en su propio favor, que haga confesiones falsas, etc.).
En su informe a la Corte Suprema, los
abogados señalan que Marvin Wilson "recibió su condena exactamente en las
mismas circunstancias que convierten en problemática la aplicación de la pena
capital a delincuentes con discapacidad intelectual: era uno de los varios
autores del delito, la identificación del agresor principal hecha por los testigos
varió con el tiempo, el cómplice más capacitado señaló al Sr. Wilson como
promotor del delito, y el testimonio sobre la ‘confesión’ del Sr. Wilson
procedía de la esposa del cómplice."
PD: este blog se va a tomar unas
merecidas vacaciones para recargar las pilas y volver con el ánimo renovado
allá por septiembre. Mientras tanto, a quienes tengan la avidez y la necesidad
de leer historias, les recomiendo que se den un paseo por sevilla report, un proyecto en el que
estoy totalmente involucrado y que es una apuesta por un modelo de periodismo
de cara al futuro que necesitará bastante de vosotros, los lectores. A la vuelta
nos vemos.
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