Marvin Wilson, afroamericano de 54 años
aquejado de una discapacidad intelectual leve, fue ejecutado en Texas el pasado
7 de agosto por un
asesinato cometido en 1992.
Tanto las autoridades estatales
responsables del indulto como la Corte Suprema de Estados Unidos declinaron
intervenir pese a las pruebas que indicaban que el grado de discapacidad
intelectual del condenado convertía su ejecución en inconstitucional.
A medida que la ejecución se aproximaba, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó, por unanimidad de sus siete miembros, en contra del indulto. El gobernador Rick Perry declinó intervenir. Unas horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos también había denegado la suspensión.
La respuesta del abogado de Marvin
Wilson fue la emisión de una declaración en la que expresaba la decepción del
equipo de la defensa. En el texto añadía:
"Es indignante que el estado de
Texas siga utilizando unas directrices sin base científica, los denominados
factores Briseño, para determinar qué ciudadanos con discapacidad intelectual
están exentos de ser ejecutados. Los factores Briseño no son herramientas
científicas, son los restos decadentes de un estereotipo basado en información
errónea que ha sido ampliamente desacreditado por los principales grupos del
país dedicados a la discapacidad intelectual, como la Asociación Estadounidense
de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. El hecho de que ni los
tribunales ni las autoridades estatales hayan detenido esta ejecución supone no
sólo un estremecedor fracaso de un compromiso constitucional que en tiempos fue
prometedor, sino también un recordatorio de que, como sociedad, no hemos
avanzado demasiado en la comprensión de cuán numerosas son las personas de
nuestro entorno que viven con discapacidades intelectuales".
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