El expediente X del ático de Marbella

“Nunca en la historia de la Policía desde la llegada de la democracia se ha visto tal cosa, y nunca antes las instituciones y los poderes públicos, el Gobierno (y su presidente a la cabeza), el legislativo y el judicial han estado mirando hacia otro lado ante una evidencia tan clamorosa como la que nos ocupa en este caso.

Una vivienda valorada en un millón de euros, no escriturada en España, de la que se desconoce propietario, alquilada por un alto cargo político que paga un alquiler irrisorio (de lo que nadie ha visto documentos), a una empresa que se anuncia en internet como experta en ocultar la identidad de propietarios de bienes (se supone que para blanquear dinero fruto de actividades ilícitas o para no cumplir sus obligaciones fiscales), radicada en el extranjero, se ha convertido en un “expediente X”, que es una prueba de moralidad de la política, la justicia y la Policía en España porque es imposible de entender que la fiscalía anticorrupción no investigue, que Hacienda (de momento) no haya hecho nada, que el ministro del Interior y el director general parezcan más empeñados en cesar a los comisarios que investigan que en conocer la identidad del presunto delincuente, que el vicepresidente de la comunidad de Madrid no haya facilitado datos que puedan conducir al propietario y que la presidenta de Madrid tampoco exija a su número dos transparencia en este asunto.

En nuestra opinión hay un agujero negro en España, una evidencia de corrupción de las más altas instituciones, incluida la Policía, si nadie hace todo lo legalmente posible para conocer la identidad del dueño de ese ático, de ese millón de euros previsiblemente de dinero negro invertido impunemente por alguien al que nadie parece querer molestar.  Un comisario cesado por “investigación ilegal” (según dijo el ministro de Interior en el Congreso aunque en su expediente disciplinario no le acusan de eso), y un comisario general cesado por no haber comunicado a su superior jerárquico y este a los políticos la apertura de unas diligencias. Policía politizada es igual a fin de la democracia. El ministro debe decir de qué diligencias que abra la Policía en uso de sus competencias quiere ser informado y para qué quiere dicha información.”

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