El asunto de los ERE fraudulentos ha provocado una corriente gélida en las filas del PSOE andaluz que amenaza con agotar las existencias de mantas en todos los grandes almacenes de Sevilla. De tanto arropar a altos cargos que se ven salpicados, el precio de las frazadas se pondrá por las nubes antes de que llegue la temporada de rebajas.
La estrategia prediseñada al efecto de enrocarse en la entrega de una pieza menor ha hecho aguas por todas las costuras y se ha demostrado insuficiente para frenar los ataques de la oposición y aminorar el desgaste de la marca PSOE ante los ojos de los ciudadanos.
Se comenzó arropando a los tres ex consejeros de Empleo que ejercieron durante los años en que se concedieron las ayudas, Guillermo Gutiérrrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y se ha terminado protegiendo del frío a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, por su tan loable como innecesario harakiri político efectuado este fin de semana para proteger al presidente, José Antonio Griñán. La oposición, descortés donde las haya, aún a pesar de reconocer públicamente la nobleza del gesto, no ha dudado ni un momento en pedir su inmediata dimisión.
Las declaraciones del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ante la policía judicial asegurando que informó de todas sus decisiones a los ex consejeros que lo mantuvieron en el cargo desde 1999 han destapado la caja de los truenos. La primera consecuencia no ha tardado en producirse y hoy la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, ha imputado a Antonio Fernández, el tercero de la tripleta de ex consejeros en cuestión, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Guerrero administró durante nueve años 647 millones de euros destinados a ayudas para empresas en crisis, de los que se han beneficiado 25.000 trabajadores y decenas de empresas en dificultades. De esa cantidad 560 millones fueron destinados a ERE en los que se han detectado 146 irregularidades, 59 intrusos y 87 “fallos administrativos”, entre los que se encuentran nueve militantes socialistas. 87 millones de dicho fondo fueron empleados en ayudas al empleo procedentes de la Unión Europea, que también está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por otro presunto fraude.
Las consecuencias políticas del devenir de este escándalo han propiciado el incremento de la virulencia de las acusaciones por parte de la oposición y que el partido socialista haya perdido la batuta con la que se marca la agenda política. La imputación de Fernández ha dinamitado hasta tal punto la estrategia preconcebida que ha dejado a los dirigentes que la defendieron al descubierto y sin cobertura.
A estas alturas, continuar negando la existencia de responsabilidades políticas que se han de depurar puede resultar demasiado suicida, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel de calado en la opinión pública que está logrando el caso. Es significativo que 7 de cada diez andaluces están al corriente del escándalo de las prejubilaciones fraudulentas y el 66% considera como mala o muy mala la actitud de la Junta al respecto.
A este paso, de continuar empeñados en arropar a dirigentes que se ven arrastrados por el tsunami de los ERE y no tomar las cartas adecuadas para detener la riada, los de Paduana seguro que estarán frotándose las manos ante el fructífero agosto que se les avecina.
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