Tras el duro día de ayer, cuando se produjo la imputación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, por el caso de los ERE fraudulentos, una aparente corriente de calma chica parece recorrer las filas del PSOE.
Al menos es lo que se deduce de la proliferación de manifestaciones de apoyo incondicional por parte de varios dirigentes del partido, desde Susana Díaz, secretaria de organización del regional hasta el ministro de Fomento, José Blanco, para con la Junta y los ex consejeros situados en el centro de la tormenta. Incluso el propio imputado, histórico militante del partido, manifiesta encontrarse “absolutamente tranquilo”.
Sin embargo, toda esta apariencia de normalidad no es óbice para que los socialistas andaluces hayan tenido que dar explicaciones en Ferraz sobre lo ocurrido y para que el desconcierto se haya instalado a vivir entre sus filas.
Para colmo de los males, el diario El Mundo publica hoy una información, según la cual José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal del PSOE de Camas e intruso en el ERE de la empresa Intersur, donó una sede al partido en dicha localidad después de haber cobrado varios años como falso prejubilado.
Dicha información ha dado alas al Partido Popular para acusar a los socialistas de financiación ilegal y apuntar directamente al gobierno andaluz.
Fuentes socialistas consultadas no descartan que se trate de la calma que precede siempre a la tormenta. La mayoría consideran la imputación del ex consejero como una especie de ensayo de la juez encargada del caso antes de apuntar a otras piezas más codiciadas, lo que supondría que tuviese que trasladar el caso a instancias superiores.
En cualquier caso, sólo el tiempo despejará la duda de si, tras los avances en la investigación, se adivina una tormenta o el ímpetu de un huracán capaz de socavar los cimientos de un partido que pasa por sus horas más difíciles.
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