Carlos Arizaga y Guillermo Gutiérrez imputados por presunto delito contra el derecho de huelga de los trabajadores de Tussam

Ni todo el monte es orégano, ni nadie se puede creer por encima de la ley. Por eso cuando sucede algo como la imputación de Carlos Arizaga de Pablo-Blanco, director gerente de Tussam, y de Guillermo Gutiérrez Crespo, vicepresidente, como presuntos autores de un delito contra el derecho de huelga de los trabajadores, un leve rayo de esperanza ilumina el triste cielo de quienes viven a diario en sus propias carnes desde hace años el clima de represión y oscurantismo que impera en la empresa que entre ambos dirigen.

La justicia ya sabemos que es lenta, la esperanza que nos queda es que al menos sea justicia y cumpla con su cometido. Si alguien se ha creído en Tussam que iba a estar por encima del bien y del mal, me alegro enormemente que sea la justicia quien se encargue de ponerlo en su sitio. Porque eso significa un chorro de aire fresco para la democracia y para la ciudadanía que todavía cree que la primera ley de los hombres debe ser que todos han de ser iguales.

Dudo mucho que en esta ocasión sea aplicable la estrategia que utilizó Isabel Pantoja cuando saltó a los titulares el escándalo de Julián Muñoz. Aquí de nada vale sacar dientes, dibujar una sonrisa falsa en un rostro lacerado por la preocupación y hacer como si no pasara nada, como si no fuese con ninguno de ellos. Ofrecer consejos tan estúpidos, además de poco serio, es de desconocedor absoluto de la legislación de este país.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha actuado de oficio, incluso obviando un defecto de forma en la querella, porque los hechos que se relatan en la misma pudieran ser constitutivos de un delito para cuya persecución no es necesaria ni siquiera la presentación de una querella previa.

Y los hechos están más que probados, mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en septiembre del pasado año declaró lesionado el derecho fundamental de huelga por parte de Tussam. O lo que es lo mismo, estamos ante un delito contra uno de los derechos fundamentales recogidos y protegidos por la Constitución Española, que no es moco de pavo.

Pero lo peor de todo es que esta imputación puede ser sólo la punta del iceberg, porque me consta que a la cola esperan algunas denuncias más la determinación de sus señorías y puede que no falte tanto para que los abogados de Tussam tengan que echar más horas extras que los Reyes Magos en Navidad.

Lo que no entenderé jamás, por más que me lo expliquen, es cómo el Ayuntamiento de Sevilla se puede permitir que la situación se degrade de tal punto sin que actúe para intentar enmendarla.

Cómo se puede consentir que señores a los que ya se les va descubriendo el perfil se encarguen de un pretendido plan para salvar la empresa que a todas luces lo único que pretende es desmembrarla al precio que sea. Mientras tanto en Tussam, continúan la sarta de provocaciones y los ataques a la dignidad de la gente.

La última hazaña heroica de Arizaga, además de eliminar los bonobuses para que los hijos de los empleados puedan acudir a colegios e institutos, ha sido suprimir la lanzadera que se encargaba de repartir a los conductores por los distintos puntos de relevo de la ciudad.

¿Quién ha dicho suprimir su coche oficial o la moto exclusiva que tiene la empresa a su entera disposición? Todo lo que sea para su goce y disfrute no puede considerarse gasto, todo lo contrario, le hace un favor a la ciudad utilizándolos a su libre albedrío. Faltaría más.