El caso Mercasevilla y el cruce de misiles mediáticos

Titular una noticia puede convertirse a veces, además de una abierta declaración de intenciones, en una especie de fuego cruzado subliminal, un ir y venir de misiles tierra aire sobrevolando el cielo mediático, cada uno de ellos con su blanco y objetivo fijado con precisión y de antemano.
Hoy se puede apreciar a la perfección en los dos que presiden esta entrada, que corresponden a las ediciones de hoy de ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía y hacen referencia al caso Mercasevilla. Sin faltar a la verdad ninguno de ellos, las intenciones, o la mala leche, como prefiráis, son bien distintas dependiendo de quién titule.
El caso es que la jueza que instruye el caso Mercasevilla tiene ya en su poder el informe que solicitó a la Policía Judicial sobre las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta del suelo del mercado central, que fue adjudicado a la constructora Sando.
El Correo de Andalucía resalta en su titular el hecho de que el citado informe exime de responsabilidades delictivas a los miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, entre los que se encontraba Antonio Rodríguez Torrijos, mientras el de ABC insiste en la “arbitrariedad” de la venta y subraya la implicación de dos personas que estuvieron muy vinculadas en su día al Alcalde de Sevilla. Dinamita pura, pero con dos objetivos bien distintos.
Sin embargo, aunque en el desarrollo posterior de la noticia ambos se hacen eco, pasan casi desapercibidas parte de las conclusiones del informe que, en mi opinión, son de vital importancia. Porque el informe dictamina que "no se ha podido determinar el verdadero conocimiento de los miembros, tanto de la Comisión Ejecutiva como del Consejo de Administración tenían acerca de esta posible irregularidad" tras las investigaciones realizadas. Y como en este caso se trata de funcionarios públicos (políticos), ajustándose al Código Penal no se les puede imputar una conducta injusta o arbitraria sin demostrar "la intención deliberada". Es decir, que puede que algunos se hayan librado por los pelos.
Lo que sí deja bastante claro la redacción del informe es que "constituye, como poco, una conducta desarreglada, arbitraria de la administración y de sus servidores que vulnera el principio de una conducta objetiva al servicio del interés general". O lo que es lo mismo, que alguien, posiblemente más de uno, no ha hecho bien su trabajo y esto ha perjudicado de manera notable el interés de toda la ciudadanía, al que están obligados a defender a ultranza.
Y la cosa no es moco de pavo, porque cincuenta y dos millones de euros podrían haber servido, por ejemplo, para saldar casi por completo la deuda que arrastra una de las mayores rémoras del Ayuntamiento como es Tussam. Si un fallo de semejante montante lo hubiera cometido un trabajador cualquiera, hace semanas que ya estaría linchado en mitad de la Plaza de San Francisco. Pero tratándose de políticos, la rendición de cuentas por el incumplimiento deliberado y pernicioso de sus responsabilidades parece ser harina de otro costal.
Aquí ni se le exigen a nadie, ni nadie va a pagar por ello, a no ser que el excesivo coste de la plantilla de Tussam, o algo parecido, se ponga a tiro, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.
No estaría de más que el Ayuntamiento, por una vez, diera ejemplo y pasase factura a quienes con un comportamiento “desarreglado y arbitrario” han conseguido que se esfumen por el desagüe de nunca jamás cincuenta y dos kilos que pagamos entre todos los ciudadanos. Igual así consigue que Zoido esté un ratito más callado.