Hay que abolir la ayuda al desarrollo en Sevilla

Y no precisamente porque carezcan de utilidad, que no es el caso, sino por la aparente inutilidad manifiesta de nuestros políticos, que no son capaces de ponerse de acuerdo en la implantación de unos requisitos básicos sobre los que fundamentarlas y dotar de la necesaria y exigible transparencia al proceso, lo mejor es abolirlas.

Piénsese que estamos hablando de dinero público, del dinero de todos, con el que se ejecuta esa práctica tan necesaria y tan políticamente correcta de la solidaridad colectiva. Y piénsese también que sembrar dudas permanentemente sobre el destino y la eficacia de dichos trasvases de dineros causa una sensación de desaliento entre los ciudadanos difícil después de erradicar. Como si nos estuvieran robando, vamos.

Es responsabilidad ineludible de nuestros representantes públicos consensuar dichas donaciones bajo criterios de racionalidad y pluralidad, exigir con rigor el debido nivel de eficacia de las mismas y garantizar la necesaria transparencia para que los ciudadanos estemos convencidos de que nuestros esfuerzos colectivos sirven para algo útil. No creo que nadie que paga impuestos en este país sea partidario de que las subvenciones públicas para ayuda al desarrollo sirvan en exclusiva para que los partidos políticos se arrojen unos a otros la consiguiente ración de mierda.

En Sevilla estamos viviendo ahora un repunte de lo que digo, con los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento enzarzados en introducir el ventilador en el centro neurálgico de la letrina para llenarnos a todos de excrementos.

Mientras unos argumentan que no es aceptable otorgar subvenciones a entidades de las que forman parte miembros afines a determinados partidos políticos, otros entienden que sí, porque, si no, no se podrían otorgar a casi nadie.

Y lo que yo entiendo, y creo que cualquier ciudadano con sentido común, es que dichas subvenciones se han de juzgar por su grado de eficacia y por su adaptación a los objetivos para los que han sido concebidas.

No creo que nadie pueda poner en duda una subvención a Cáritas, por poner un ejemplo, dada la inconmensurable labor social que realiza en la ciudad, por el mero hecho de quien la conceda sea católico o pertenezca a la junta de gobierno de una hermandad.

Pero los políticos parecen empeñados en dejar de un lado el sentido común cuando de intereses partidistas se trata. Y mientras, los ciudadanos tenemos que contemplar a diario estupefactos el baile de acusaciones y la implantación de las sombras de la sospecha en cómo se gestiona el dinero que entre todos, con tanto sacrificio, pagamos religiosamente. Esto sólo puede traer una consecuencia, la desconfianza.

Haría bien el Partido Popular en centrar sus esfuerzos en exigir y procurar garantizar que este tipo de subvenciones son útiles y necesarias en función de los parámetros esgrimidos anteriormente más que en la relación de nombres a las que están vinculadas, a no ser que vea indicios de delito, para lo que basta con acudir a los tribunales.

Y no estaría de más que Torrijos rociara de transparencia, sobre todo de cara a las ONG que las reciben, el trámite y adjudicación de las mismas. Lo contrario dejaría bastante que desear y haría que planease la sombra de la duda sobre la limpieza de las mismas.

Monteseirín debe dejar las cosas claras a su socio de gobierno y encabezar la exigencia de cumplimiento de estas premisas de obligado cumplimiento.

Y si no son capaces entre todos de consensuar las ayudas, como parece ser, pues nada mejor que su abolición inmediata y sin distingos.

Tal vez así se les remuevan las conciencias y sean capaces de alcanzar el tan necesario y deseado acuerdo.