Dos mil cien civiles asesinados por cobrar una miserable recompensa. Dos mil cien vidas arrancadas de cuajo, a los que vestían con uniforrmes de las FARC antes de ser ejecutados sin más contemplaciones. La mayoría de ellos campesinos indocumentados secuestrados por los militares autores de la matanza.
Mil trescientos euros por cada vida sesgada impunemente y un millón setecientos mil si lograban colar que se trataba de un cabecilla guerrilero. Además, buena parte del dinero provenía de los fondos de cooperación internacional.
Lo ha denunciado la Plataforma Justicia por Colombia, un grupo de forenses, catedráticos y juristas de la Unión Europea, que ha mostrado un documento secreto del Ministerio de Defensa en el que se establece el sistema de recompensas.
Uribe y su gobierno, que ya fue condenado por el Tribunal de Opinión de Parlamento Europeo, continúan permitiendo atrocidades en materia de derechos humanos. No escucho demasiadas voces en el ámbito internacional condenando estas violaciones. Como tampoco la del paladín en funciones de la libertad.
Quizás es por que dos mil cien almas les parecen todavía pocas.
También nuestro presidente debe aclarar en qué consiste ese "apoyo total" mostrado al gobierno de Uribe.
Vía | Público
06 diciembre 2008
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