Magistrado a tu estrado

Hay contradicciones en la vida democrática de un Estado de Derecho que no alcanzo a entender y que me parece que gravan sobremanera el devenir de una sociedad pluralista que se precie. Cuando Montesquieu articuló la teoría de la separación de poderes como manera de garantizar el ejercicio de las libertades que ofrece un sistema democrático, lo hizo desde la base de la independencia e imparcialidad de los mismos. Sin estos dos preceptos de obligado cumplimiento, la base democrática de un Estado carece de fundamento y es lo más parecido un galimatías sin orden ni sentido, ya que las garantías necesarias para el ejercicio de las libertades públicas desaparecen como por arte de magia.

El poder judicial, como uno de los tres poderes básicos de Estado, no está exento de la exigencia de imparcialidad y ésta debe ser su más alta aspiración. Sin embargo, en el día a día, comprobamos lo lejos que se encuentra el citado poder de un concepto tan aséptico como la imparcialidad. No sólo por el hecho de que existan asociaciones de una u otra tendencia política, sino, lo que es más importante, en la aplicación de la justicia, en las interpretaciones de sus sentencias, se pueden vislumbrar claros elementos de parcialidad ideológica que ponen en tela de juicio su obligatoria imparcialidad.

¿Cómo puede consentir un Estado de Derecho que se precie sentencias como las dictadas por el juez Calamita?, ¿Cómo se puede consentir en una democracia que se haga política o apología de una determinada religión desde las magistraturas?, ¿Dónde está pues la independencia e imparcialidad de la Justicia?

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en lo referente a la objeción contra la asignatura Educación para la ciudadanía desprende un tufo a parcialidad interesada que apesta. Pero cuando se conoce la identidad del juez que la ha dictado y sus antecedentes familiares e ideológicos, cuando menos resulta escandalosa. ¿Por qué no se dio nunca una sentencia en similares términos todos los años en que la religión fue enseñanza obligatoria y evaluable en las escuelas?

Si los jueces de este país son incapaces de garantizar la imparcialidad necesaria para garantizar el ejercicio de nuestros derechos democráticos, entonces que sean las urnas quienes dicten el tipo de justicia que imperará en el país en cada legislatura y que se vaya a freír espárragos la independencia de un poder que, lejos de apaciguar la vida democrática, la altera con sentencias interesadas hacia una u otra parte que aumentan la crispación ciudadana y hacen crecer la desconfianza.