“Un imputado no puede estar en el gobierno”. Esta frase ha sido acuñada casi en exclusiva por Antonio Rodrigo Torrijos, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La ha blandido en diferentes ocasiones, especialmente en los plenos municipales, exigiendo el cese en cualquier tarea de gobierno a todo aquel que apareciera imputado en un sumario judicial.
Ahora, la fiscalía anticorrupción de Sevilla estudia imputar a toda la Comisión Ejecutiva de la empresa Mercasevilla, de la que formaba parte Torrijos en calidad de Vicepresidente, por la adjudicación presuntamente fraudulenta de los derechos de opción de compra de los terrenos de la empresa a la constructora Sando. La causa, pues que Sando ofertó nada menos que 52 millones de euros menos que la mejor oferta y se llevó la adjudicación.
Es evidente que toda imputación de un cargo público produce alarma social, “bulla” en las propias palabras de Torrijos, pero no lo es menos el que si con algo ha de ser uno coherente es con sus propias palabras.
En el caso de producirse la imputación, Torrijos, en buena lógica, debería dimitir y validar aquel viejo y sabio refrán popular de que por la boca muere el pez.
A veces la incontinencia con la verborrea trae este tipo de disgustos.
2 comentarios:
Bueno, pero lo del precio no es relevante. A veces se aplica la claúsula de "alta temeraria" para evitar la especulación, epecialmente cuando se trata de suelo. Por eso no ganó Noga.
Anónimo: será eso. es la primera vez que escucho eso de "alta temeraria".
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