La justicia es la garante de la arquitectura legal de este país, así lo establece la Constitución, uno de los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el Estado de Derecho.
Pero la justicia de este país ha decidido saltarse la legalidad a la torera, pasarse por el forro de los caprichos la norma que nos regula a todos, porque ellos son un cuerpo de élite, un comando especial con licencia para la ilegalidad.
Es un contrasentido que los encargados de hacer respetar la ley se mofen de ella ante los ojos de todos. ¿Cómo pretenden después hacernos comprender a los demás que la ley hay que respetarla, siendo ellos los primeros en ignorarla cuando les interesa?
Se quejan del exceso de trabajo por falta de medios, que no deja de ser verdad en parte, pero de camino que denuncio esa inoperancia me pido un aumento de sueldo. Particularmente no creo que un incremento de salarios incida de manera determinante en la agilización de los juzgados, pero si cuela eso que ganamos.
Se habla mucho de la necesidad de modernización de la justicia, de la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías para agilizar los trámites de la judicatura y descongestionar los colapsados juzgados. Y no puedo estar más de acuerdo. Lo ideal sería, con toda seguridad, un sistema judicial tecnológicamente al día y cuanto más 2.0 mejor. Pero me surge una inquietante duda: ¿están los jueces y los funcionarios judiciales, cuerpo analógico desde los ancestros donde los haya, preparados para asumir lo que un cambio de esa índole significa? Yo no lo tengo tan claro.
Por otra parte, el derecho de huelga, amparado por la carta magna como derecho fundamental, tiene una regulación que todo ciudadano que quiera ejercerlo ha de cumplir escrupulosamente. Ha de solicitarse a la autoridad competente en tiempo y forma y con un calendario de los días en que se va a llevar a cabo, además de respetar unos servicios mínimos dictados por dicha autoridad. Así está establecido para todos los ciudadanos de este país, salvo para los jueces, que como no tienen derecho a la huelga la hacen cuando y como les da la judicial gana, porque ellos no tienen quien los juzgue.
Además de este improperio, los ciudadanos hemos de soportar la indecente hipocresía de algunos medios de comunicación que, cuando se trata de trabajadores, no dudan en titular “Inadmisible secuestro de Sevilla” o en hablar a las claras de “huelga ilegal”, pero cuando son sus señorías quienes lo hacen callan y otorgan. De vergüenza.
Ya sólo hace falta que se declare en huelga
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