El pasado 25 de mayo, Juan Jesús García Vélez, titular del Juzgado de Instrucción de Sevilla nº 9, dictó un auto por el que incoa Diligencias Previas, de conformidad con el artículo 744 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a raíz de la querella presentada en su día por Ecologistas en Acción en la que se relatan “hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.
La querella por posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la ordenación del territorio, va dirigida contra el Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), Salvador Camacho Lucena, Secretario General de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón y de la referida Delegación, por su intervención en la prórroga otorgada a la empresa SIDEMOSA (Sierra de Morón S.A.) para explotar durante 30 años más la macrocantera de la localidad.
Según informa Ecologistas en Acción en un comunicado público, el hecho principal que se encausa en esta actuación es que “todos los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios, han omitido a sabiendas de su injusticia la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el PGOU de Morón, vigente desde abril de 2012”.
El Plan General prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en el suelo donde se ubica la cantera de SIDEMOSA. Dichos terrenos están calificados por sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística (SNU-PU), en su gran mayoría de Conservación Prioritaria. Así consta en un Informe del Arquitecto Municipal con fecha de abril de 2013 y que fue realizado a instancias del propio Alcalde de Morón de la Frontera.
El Alcalde, una vez conocido el determinante contenido del informe, en el que se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos, “lo ocultó durante la tramitación de la prórroga”. Sin embargo, la organización Ecologistas en Acción lo remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, donde “los funcionarios dirigidos por Salvador Camacho también ignoraron su contenido”.
Con esta forma de actuar, denuncian los ecologistas, el Alcalde de Morón “está incumpliendo de manera continuada con su obligación de aplicar la legalidad urbanística”, por lo que exigen “la paralización inmediata de la actividad destructiva”, si no quieren continuar incurriendo en delitos urbanísticos.
En julio de 2014 la Plataforma Ciudadana Sierra de Morón denunció públicamente “la dependencia del Ayuntamiento de Morón de las empresas vinculadas a la cantera SIDEMOSA”. Afirman que desde mayo de 2012 a mayo de 2013, coincidiendo con la tramitación de la prórroga de la cantera, dichas empresas “realizaron trabajos de transporte y suministro de materiales para obras al Ayuntamiento por valor de cerca de 150.000 euros y retrasaron de manera voluntaria el cobro de facturas hasta finales de 2013, una vez que se publicó la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la prórroga de la cantera”.
También destacan que “no es la primera vez que Salvador Camacho favorece los intereses de los propietarios de la empresa SIDEMOSA”. Según los ecologistas, “durante una década permitió y facilitó la aprobación y ejecución del falso Plan de Restauración de la cantera, a pesar de los informes técnicos que demostraban los daños ambientales que provocaba esa falsa restauración”.
En 2010, añaden, “guardó en un cajón las primeras denuncias de vecinos y de Ecologistas en Acción en relación a la futura construcción de un Horno Crematorio en Morón, cuyo propietario, Lalo Siles, es el mismo que el de SIDEMOSA. Y en 2011 firmó, en representación del entonces Delegado Provincial de Sevilla, Javier Fernández, la Autorización de Emisiones a la Atmósfera (AEA) para ese Horno Crematorio, “ocultando toda la información a los vecinos afectados”. Ya durante el pasado año, ante la evidencia de la actuación arbitraria de Salvador Camacho, “la propia Delegación de Medio Ambiente tuvo que ser declarar ilegal el Horno Crematorio”, concluyen.
La organización ecologista quiere significar que Salvador Camacho “también está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Sevilla” por su supuesta participación en la adjudicación del concurso sobre los derechos mineros para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Por ambos motivos, los ecologistas piden el cese fulminante de esta persona.
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