La organización ecologista Greenpeace advierte en un informe que los recientes cambios en la legislación pesquera de la Unión Europea (UE) “podrán tener implicaciones negativas para la financiación de numerosas operaciones de pesca industrial, especialmente para las que se centran en la captura de poblaciones de peces sobreexplotadas, o las que usan métodos destructivos y/o no selectivos”. En su opinión, la aplicación de la nueva Política Pesquera Común por parte de España “podría llevar a que la financiación de estas actividades supongan un alto riesgo para los inversores”. Esta información ha sido enviada a numerosas entidades bancarias “con el objeto de que informen a sus inversores”.
El informe, titulado "Las implicaciones económicas que suponen para las empresas pesqueras los cambios en la normativa pesquera de la UE y el agotamiento de las poblaciones de peces", describe cómo la alta dependencia de una cultura de la pesca excesiva, combinada con grandes cambios en la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea, el Reglamento Común de Mercado y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) “afectarán radicalmente tanto a la rentabilidad de las empresas pesqueras como al mercado de pesca y marisco en general”.
Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, ha afirmado que la nueva PPC “está poniendo cerco las actividades pesqueras destructivas, ya que anima a la comunidad pesquera europea a transitar hacia métodos pesqueros más sostenibles, que generan menos impactos en el medio marino y en las especies y a implantar prácticas pesqueras que generen impactos sociales positivos”. Además añade que “se van a reducir considerablemente las oportunidades de captura para la sectores industriales como el arrastre o el cerco con FADs, lo que hará más arriesgado invertir en ellas”.
Los ecologistas explican que bajo esta nueva Política Pesquera Común “las cuotas se reducirán para las poblaciones sobreexplotadas y una política de descartes cero hará que las operaciones de pesca no selectivas sean más costosas”. Además, la capacidad de pesca se reducirá y se aplicarán “normas de sostenibilidad más estrictas a los buques pesqueros de la UE que operan fuera de las aguas comunitarias”.
Greenpeace pretende con el envío del informe “destacar oportunidades alternativas, como la inversión en las operaciones de pesca selectiva y sostenible y de bajo impacto” (las nasas, el cebo vivo, la caña y línea). Estas prácticas “se beneficiarán de un mayor acceso a las oportunidades de pesca con la nueva PPC”, ya que con anterioridad la mayor parte de las cuotas de la UE “iban dirigidas a los grandes y destructivos barcos de pesca industrial, los buques de pesca no sostenibles”. Las nuevas reglas europeas darán más oportunidades “a aquellos pescadores que operan de forma sostenible, a través de un acceso preferencial y de incentivos”.
Ojeda sostiene que con esta nueva realidad “el sector financiero y bancario tiene una importante oportunidad para convertirse en agentes de cambio positivo dentro de la industria pesquera y fomentar la pesca sostenible”, por lo que los inversores “deberían tener en cuenta estos cambios e invertir para proteger nuestros océanos y las poblaciones de peces”.
La organización ecologista considera que empresas españolas como Inpesca S.A. o Albacora S.A. “ sufrirán un mayor impacto”, ya que “se han beneficiado durante décadas de las prácticas de pesca destructivas y de las débiles políticas pesqueras, que les han permitido obtener grandes subsidios y un buen apoyo financiero”.
De hecho explican que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, otorgó en diciembre de 2011 a la primera un préstamo a corto plazo de 6,4 millones de euros. Una empresa que es propietaria del barco Txori Argi, identificado por los ecologistas como un “Monster Boat”, que en 2012, fue capturado pescando dentro de la zona económica exclusiva (EEZ) de Mozambique sin licencia y por tanto multado con 1,2 millones de euros.
El Txori Argi, añaden, fue puesto en libertad después de que el BBVA garantizará el pago de la multa al Ministerio de Pesca de Mozambique. Sin embargo, cuando el gobierno de Mozambique intentó cobrar la garantía, resultó que no podía hacerlo, e informó a la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC en sus siglas en inglés) que querían identificar al barco en las listas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de la IOTC. El caso se resolvió por 523.581 Euros (700.000 $) en 2013. Inpesca S.A. además los barcos Txori Udin y Txori Berri, “sospechosos de estar involucrados en pesca ilegal con licencias falsas en aguas de Liberia”, según Greenpeace.
Albacora S.A. fue beneficiada en diciembre de 2012 con 15,7 millones de euros en préstamos concedidos por Kutxabank, BBVA, Banco Santander, Caixa Galicia (ahora fusionado y conocido como Abanca) y La Caixa. La empresa es propietaria del Albacora Uno y del Albatún Tres. Estas embarcaciones, según Greenpeace, “tienen una larga historia de actividades pesqueras ilegales relacionadas con la pesquería de atún en el Pacífico centro oeste, incluyendo la zona económica exclusiva (EEZ) de Kiribati”.
Relatan que en 2010, el Albacora Uno “fue sorprendido pescando ilegalmente durante un período de dos años con 67 dispositivos de concentración de peces (FAD, en sus siglas en inglés) en la zona económica exclusiva de Estados Unidos (ZEE)”. La empresa propietaria del buque y Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) “acordaron entonces una resolución de 5 millones de dólares”.
Dos años más tarde, en julio de 2012, ese mismo barco fue uno de los tres buques capturados por las autoridades marinas de las Islas Marshall Recursos (MIMRA) con pieles de tiburón, aletas y los cuerpos a bordo. Fue multado con 55.000 dólares por la MIMRA y se le confiscaron 18 cuerpos de tiburón. También en octubre de 2013, el Albacora Uno recibió una multa de 1.000.000 de Euros por seis incidentes de pesca ilegal en la zona económica exclusiva de Nauru.
Por último la organización ecologista explica que la empresa Sapmer, propietaria del barco con bandera de Mayotte Franche Terre, ha invertido desde 2009 “en la construcción de al menos ocho nuevos atuneros de cerco para operar en el Océano Índico” y que en 2012 la financiera pública francesa L’Agence Française de Développement “le prestó 13 millones de euros para construir el atunero Bélouve”.
Informan que esta compañía también recibió “un préstamo de otros 75 millones en 2010 para construir tres atuneros del grupo bancario BRED y Banque de la Réunion”. Además el grupo inglés Barclays Bank “prestó a sus filiales un mínimo de otros 4,2 millones para sus operaciones en Isla Mauricio”.
Sapmer en la actualidad se encuentra en dificultades financieras, según Greenpeace, ya que “ha reportado una pérdida de 11,9 millones en 2014”. La compañía “ha reorganizado su alta dirección y ha trasladado sus operaciones a las Islas Seychelles para reducir costos”. Por todo ello “ha retrasado los planes de construcción de diez nuevos buques atuneros para operar en la región del Pacífico”.
Fotografías: Greenpeace.
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