Al iniciar su mandato, el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se comprometió a implantar lo que denominó como “el gobierno de los funcionarios” para poner coto al enchufismo de correligionarios, amigos y parientes en la casa consistorial. De hecho, sus primeras medidas como regidor de la ciudad apuntaron en esa dirección.
Sin embargo, la salida a la luz de la opinión pública de los casos de presunta corrupción en el Ayuntamiento y la implicación de algunos altos funcionarios ponen en barbecho como mínimo la eficacia de dicho planteamiento. El último ejemplo es el destapado hoy por el diario ABC de Sevilla que desvela irregularidades en el montaje de la Feria de Abril por un valor de casi medio millón de euros.
Informa el diario sevillano de que una investigación de la Intervención del Ayuntamiento ha puesto de relieve que las certificaciones de obras realizadas bajo la supervisión del jefe de los Servicios Técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, presentan “un cúmulo de irregularidades”. Desde avalar la liquidación de trabajos que no se ejecutaban hasta partidas duplicadas, además de gastos inflados y obras sin justificar. El equipo de gobierno de Zoido ha decidido con buen tino poner el asunto en manos de la Fiscalía.
Todo ello se refiere sólo al montaje de la Feria del año 2014, lo cual es más preocupante si cabe, ya que esta vaca sagrada del funcionariado indígena lleva como responsable de la organización del evento la friolera de treinta y seis años. Se dice de Carretero, que ya se vio salpicado en el escándalo de la colocación del escudo del Betis en la portada de la Feria dedicada al centenario del Sevilla FC, que en el recinto ferial no se coloca un tornillo sin su consentimiento.
Algo parecido ocurría en la Delegación de Parques y Jardines con otros dos diplodocus del cuerpo funcionarial indígena: Amores y Huertas, implicados en el Caso Madeja, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha salpicado al Ayuntamiento de la ciudad.
También de Amores y Huertas, que cada cual bailaba la cuerda de uno de los dos partidos que se han alternado en el gobierno de la ciudad, se decía lo mismo: no se movía una rama en Parques y Jardines sin que el que de los dos estuviese ejerciendo de responsable de turno lo autorizase.
Dando por sentado que la inmensa mayoría de los funcionarios que trabajan para la ciudad procuran hacer su labor con excelente profesionalidad y buen hacer, en todos estos sucios asuntos suele haber un denominador común siempre: el cargo político que está detrás y que no efectúa con diligencia la labor in vigilando que tiene encomendada.
Es significativo que Rafael Carretero, un funcionario con una prepotencia mayúscula y manifiesta y que ha gozado de un grado de impunidad inconcebible durante años, haya alcanzado el estatus de intocable durante los mandatos de casi todos los delegados de Fiestas Mayores que ha tenido la ciudad.
Los mismo se podría decir de los otros dos, bajo la responsabilidad de los diferentes delegados de Urbanismo habidos y por haber, y de manera especial por el actual, Maximiliano Vílchez, que tiene por suprema cualidad el no enterarse de nada de lo que ocurre al amparo de su manto de mando.
Potenciar la profesionalidad del funcionariado patrio está muy bien como doctrina, pero ello no puede eximir de la responsabilidad política de quien los manda de ejercer la vigilancia que tiene encomendada para que no se excedan en sus funciones. Esa labor es de los políticos que eligen los ciudadanos para regir los destinos de la ciudad.
No ponerla en práctica con rigor suele traer estas consecuencias y posibilita que se vean casos de mastodontes sagrados del funcionariado municipal paseando como prebostes por los pasillos de unas dependencias municipales, que consideran suyas como el señor feudal su castillo medieval, y actuando a su antojo.
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