Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, propietario de Nuovit Grupo Empresarial SL, la empresa granadina a la que se adjudicó el proyecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla (GMU) para la rehabilitación de la antigua Estación de Cádiz, está imputado por un presunto delito de corrupción urbanística en la localidad granadina de Alhendín en el denominado Caso Marchelo.
El caso surgió en mayo de 2006 mediante una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en la construcción de un grupo de viviendas de protección oficial (VPO) que el Ayuntamiento del Alhendín adjudicó a la constructora Frai, que también pertenece a dicho empresario.
En octubre de ese mismo año, el secretario del PSOE de la localidad granadina, Miguel Ángel Gamarra, denunció “un claro caso de amiguismo” según el cual la constructora obtendría un beneficio de “entorno a 4 millones de euros” tras la venta de un barranco en el que con posterioridad se edificó la urbanización Villa Nevada de Armilla.
El barranco en cuestión tenía una extensión de 2.500 metros y era un cauce natural que debió ser desviado y se acometió la obra sin las correspondientes licencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Además se ejecutarón expropiaciones a vecinos a favor del promotor y se amplió la edificabilidad de los bloques, que pasaron de cuatro a seis plantas, según el dirigente socialista.
En marzo de 2007, tanto el alcalde de Alhendín, José Guerrero, como el concejal de urbanismo, Manuel Fernández, ambos del Partido Popular, se vieron obligados a presentar su dimisión al ser imputados por corrupción urbanística por el juez encargado del caso. Su señoría sospechaba que el segundo recibió supuestamente un piso en la citada urbanización a cambio de favorecer la aprobación de un proyecto urbanístico para la construcción de más de mil viviendas pese a que incumplía aspectos urbanísticos. La acusación se basaba en la intervención de diferentes escuchas telefónicas.
A finales de ese mismo año, y dado que los terrenos en los que se ubicaba la urbanización están muy próximos a la base aérea de Armilla, el Ministerio de Defensa denegó los permisos cuando las obras estaban muy avanzadas y las viviendas habían sido adjudicadas. El motivo alegado fue que las edificaciones vulneraban “las servidumbres aeronáuticas” de la base aérea y a la constructora no le quedaba otra solución que o “la demolición total” o “la parcial de la altura edificada” con el fin de garantizar la seguridad aeronáutica.
El Caso Marchelo, lo instruyó el juez Miguel Ángel Gómez Torres, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sata Fe y las investigaciones corrieron a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF). El magistrado imputó a 15 personas. Además del alcalde y el ex concejal de urbanismo, lo fueron otros dos ediles y el arquitecto municipal y una decena de empresarios entre los que se encuentra Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez.
El juez consideró que existían indicios para afirmar que el empresario entregó “una dádiva en especie” al edil de urbanismo, concretamente un piso valorado en más de 300.000 euros, para lo que ambos firmaron un contrato de permuta “puramente simulado” y otro posterior de alquiler que el instructor estima que “nunca existió”. Dicha donación la relaciona con la promoción de la citada urbanización, en la que se cometieron “infracciones de la legalidad urbanística” que además conllevaron la invasión de la servidumbre aeronauta de la base aérea.
En febrero de 2011, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la guardia Civil (SEPRONA) entregó un informe a petición del juzgado instructor en el que aseguraba que dos edificios de la citada urbanización “se construyeron sobre un cauce público”, en concreto el del arroyo de Marañón o barranco de la Calera, y que en la Agencia Andaluza del Agua “no constaba” el pertinente expediente de desafección de dichos terrenos, que continuaban teniendo la condición de “dominio público.
Además se aportaban nuevos datos sobre la invasión de las servidumbres aéreas de la Base Militar de Armilla, ya que los edificios “por su altura, comprometían la seguridad de las operaciones de las aeronaves”, lo que conllevaría, si la supuesta ilegalidad se hizo de forma consciente “para conseguir un beneficio privado a costa del interés general”, a poder pensar “en alguna modalidad de prevaricación”.
Los imputados estaban llamados a declarar el pasado día 3 de febrero, pero fueron aplazadas hasta el viernes 6 de ese mismo mes. Una vez cumplido este trámite, la juez podrá dictar un nuevo auto de procedimiento abreviado y enviar el asunto a la Audiencia para que fije la fecha de la vista.
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aseguró el pasado sábado día 4 a Diario de Sevilla que el proyecto cuenta “con todas las garantías necesarias técnicos y financieras”, a pesar de que “durante la tramitación surgieron alguna dudas que la empresa ha tenido que ir resolviendo”.
No es la única vez que una empresa vinculada con Rodríguez-Acosta Márquez se ve salpicada por un supuesto caso de corrupción urbanística. También en enero de 2102, el alcalde de la localidad granadina de Armilla, Antonio Ayllón (PP) acusó al anterior equipo de gobierno, presidido por el socialista Gerardo Sánchez, de “presunta corrupción” al encontrar certificaciones y pagos dobles de una obra de urbanización dos calles de la promoción de viviendas realizada por la constructora Frai en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Una urbanización que, según el alcalde tendría "un sobrecoste de 1,3 millones respecto a lo que tendría que haber costado". El regidor aseguró que pondría el caso en manos de los tribunales.
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