Se coge antes a un mentiroso que a un cojo, dice el refrán popular. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que anula las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacen referencia al dragado de profundización del río ha hecho saltar todas las alarmas del lobbie que desde hace años está empeñado en hacer lo imposible para que el problemático proyecto se lleve a cabo.
A la ya habitual estrategia del silencio administrativo y el oscurantismo, complementada con un cúmulo de informaciones sesgadas y medias verdades sobre el proyecto, se suma ahora una serie de declaraciones de los integrantes de la plataforma Sevilla Por su Puerto —la cara mediática del lobbie— de cuanto menos difícil comprensión, cuando no rozan el absurdo.
En una rueda de prensa inaudita, Carmen Castreño, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla y número dos de la candidatura del PSOE para las próximas elecciones por la alcaldía de la ciudad, ha reconocido que el proyecto “no se ha tramitado de forma correcta”. Para colmo ha afirmado que “una cosa es que las cosas no se hayan hecho bien y otra es que el dragado sea nulo”. En román paladino, que la han cagado.
Castreño no ha debido reparar en que esta implícita admisión de la incompetencia de los encargados de sacar adelante el proyecto dice muy poco a favor de una gestión que está sufragada íntegramente con dinero público. Tampoco, a pesar de este reconocimiento, salió de su boca frase alguna que permitiera intuir la intención de depurar las consiguientes responsabilidades de tamaño fracaso.
No fue la única incongruencia que se pudo escuchar en la desafortunada rueda de prensa. Ahora resulta que, tras años de machacar a la opinión pública —cuando no amenazar directamente— con la idea de que si no se efectuaba el dragado se perderían los 25 millones de euros de Fondos Feder que aporta la Unión Europea, dicha partida puede ser destinada a otros proyectos del Puerto de Sevilla y que el dragado, un castillo en el agua del Guadalquivir, “sigue vivo”, a pesar de que a día de hoy más bien está de cuerpo presente.
Irónicamente aseguran que “ahora es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003 es la que nos debe guiar en la obra”, como si no hubiera sido así siempre, e ignoran —maliciosamente— que el Ministerio de Medio Ambiente declaró el informe de la Comisión Científica como “condición vinculante de la DIA” en octubre de 2011. No hay más ciego que el que no quiere ver, porque el soslayo a los informes científicos por parte del lobbie impulsor ha sido una constante durante todo el proceso.
Como afirma Juanjo Carmona, coordinador de la oficina de WWF para Doñana, la obcecación de sacar adelante un proyecto que a todas luces apuesta más por defender determinados intereses económicos que por la correcta conservación del río “les ha llevado a engañar a los ciudadanos afirmando que no era perjudicial”.
El Puerto de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la de Sevilla (CES), la Cámara de Comercio y los sindicatos mayoritarios de la capital hispalense —los de otras localidades afectadas se muestran radicalmente contrarios— harían mejor si emplean su tiempo en explicar a los ciudadanos qué poderosos intereses son capaces de unir a colectivos tan antagónicos y conseguir que se antepongan a la salud de un río milenario que “está al borde de la muerte” por causa de las actuaciones de los humanos. Tal vez entonces los ciudadanos comiencen a creerlos.
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