El Juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor ha ordenado cerrar las tomas ilegales de aguas de Hato Blanco Viejo tras cuatro años de inacción de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El 3 de febrero de 2004, el Consejo de Ministros impuso una elevada sanción a la finca Hato Blanco Viejo por extracciones ilegales de agua en la Marisma de Aznalcázar y el cierre de los pozos ilegales. Esta resolución fue recurrida al Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, quien en Sentencia de 17 de diciembre de 2008 desestima el recurso de reposición de los propietarios de la citada finca, haciéndose efectiva la sanción.
A partir de entonces, según informa en un comunicado Ecologistas en Acción, ni la Junta de Andalucía, en la época que fue la Autoridad Sustantiva del Agua, ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que fue quien puso la denuncia de las extracciones ilegales, “han hecho cumplir la sentencia rehusando de su responsabilidad y haciéndose cómplice de unas extracciones”.
El uso de dicha agua está provocando, según los ecologistas, “descensos en el acuífero que alimenta a Doñana de más de 17 metros con la consecuente desecación de importantes ecosistemas, como son las fresneras de la vera, y la reducción del período de inundación de la marisma y la pérdida de áreas de nidificación adecuadas para especies amenazadas y en peligro de extinción”.
La intervención del juzgado se ha realizado a raíz de una denuncia de la fiscalía al comprobar, mediante inspecciones de la policía judicial, que las extracciones seguían existiendo y que incluso se estaban utilizando balsas para almacenar las aguas del acuífero con la consiguiente pérdida por evaporación. Las extracciones ilegales superan la decena de hectómetros cúbicos y se han utilizado para cultivos de arroz, algodón, maíz y frutales y a pesar de la sentencia no han sido eliminadas en estos siete años.
Los ecologistas afirman que “parece confirmarse que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha venido usando subterfugios legales para dar por buena las extracciones disfrazando de captaciones superficiales del Guadiamar las tomas del acuífero”.
Además advierten que se encuentran en una situación similar varias fincas de la zona, conocidas como Hatos, que “en función de la mayor o menor capacidad de influencia política” han ido sorteando con mayor o menor suerte los informes de la guardería, de forma que “en un buen número de casos multas también millonarias ha sido dejadas caducar por los Consejo de Gobierno”.
Ecologistas en Acción alerta de que la situación es “muy grave y se precisa un plan que determine la capacidad de extracción del acuífero sin daño a los ecosistemas y en función de eso determinar qué y cuánta agricultura se puede desarrollar con esa capacidad de riego”.
La organización ecologista se decanta por “una apuesta decidida por la agricultura ecológica” como única solución posible, ya que “se ha demostrado que es social y ambientalmente la única capaz de generar trabajo y valor asociado a la producción para un mismo espacio ocupado”.
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