El Grupo de Trabajo "Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía" (RMHSA) de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT.A) ha analizado las propuestas en materia de Memoria Histórica de los diferentes programas electorales de las formaciones políticas que concurren a la elecciones autonómicas del próximo domingo.
Mediante un comunicado, el Grupo lamenta la aparición de “ciertos deseos de decretar el fin de la Recuperación de la Memoria Histórica aunque no se hayan satisfechos sus aspiraciones”. En su opinión, el hecho de que “sólo tres programas electorales incluyan referencias a ella indica que esta realidad se quiere presentar finiquitada cuando no es así”, tanto por la propia vigencia de las aspiraciones “que constituyen la columna central del movimiento memorialista”, como porque desde instancias judiciales supraestatales “observan esa realidad con preocupación y señalan deficiencias que deben ser subsanadas”.
En Grupo explica que de esa manera lo estima “de forma tajante” Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición cuando denuncian en sendos informes “el incumplimiento de las obligaciones del Gobierno en materia de desapariciones forzosas y el estado de indefensión de las víctimas”, además de aportar una serie de recomendaciones “que deberían constituir una hoja de ruta de obligado cumplimiento”.
Valora de forma positiva los programas anuales de subvenciones que la Administración andaluza ha establecido “para tareas de investigación y reconocimiento hacia las víctimas”. También la aprobación del Decreto que crea y regula la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía y las exhumaciones de fosas comunes que “de manera más tímida” se han acometido.
Sin embargo, dichas acciones las consideran “insuficientes” y se ven agravadas por “la escasa información y la falta de transparencia”. Por ello apuestan por la aprobación del proyecto de ley de Memoria Democrática de Andalucía, que se elaboró en la pasada legislatura y no llegó a alcanzar la tramitación parlamentaria, revisado “desde la participación activa de cuantas instancias están concernidas” y teniendo en cuenta “los límites competenciales de la Junta de Andalucía”.
Para ello proponen concebir todo el planteamiento sobre la memoria y las víctimas como “patrimonio colectivo de toda la ciudadanía andaluza” y evitar a toda costa “la instrumentalización político-partidista desde las instituciones”. También consideran imprescindible la primera reunión de la nueva presidencia de la Junta con las víctimas del franquismo y sus familiares o la visita a alguna exhumación de una fosa común, gestos que hasta ahora han sido siempre delegados en “otras autoridades subalternas como si fueran asuntos de menor grado”.
En este sentido exigen una serie de medidas en diferentes aspectos que precisan de una pronta actuación, aunque sea “por higiene democrática”. El próximo Gobierno andaluz debe arbitrar medidas con carácter de urgencia en materia de exhumaciones que posibiliten de manera ágil que los familiares puedan dar digna sepultura a sus seres queridos.
También que las instituciones —Junta y Ayuntamientos— comenzaran a “inscribir de oficio” en los registros civiles a las personas desaparecidas —fusiladas o asesinadas—, ya que “la privatización de dicho servicio hace más urgente y necesaria esta intervención”. Además consideran de vital importancia la retirada de toda la simbología franquista que aún hoy “pervive en multitud de espacios y edificios públicos de Andalucía”, porque “suponen una humillación para las víctimas y cumplen una función legitimadora” del anterior régimen dictatorial.
El Grupo propone crear en algunos Lugares de Memoria “memoriales o centros de interpretación, como el olvidado proyecto de Memorial sobre la utilización de los presos del franquismo como mano de obra esclava en el antiguo campo de concentración de Los Merinales, Dos Hermanas,” y su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Por último, consideran necesario “el reciclaje de profesorado a través de los CEP” para la incorporación de nuestra Historia “tratada con rigor en los currículos escolares” y su divulgación pedagógica en los medios públicos de comunicación, “especialmente radio y televisión”.
Además consideran que, aunque no esté entre sus competencias, “el próximo Gobierno andaluz debería estar al frente en la reivindicación de la justicia y contra la impunidad en cualquier proceso abierto y de la anulación de las sentencias franquistas a todas luces ilegítimas pero con vigencia legal”, ya que las víctimas del franquismo y toda la lucha contra la dictadura en pro de las libertades democráticas “constituyen un patrimonio ciudadano todavía por valorar”.
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