La calle Mariano Benlliure, en el barrio sevillano de Nervión, está flanqueada por sendas hileras de naranjos. Por estas fechas los frutos asoman tímidos entre las hojas de los árboles. No acaban de creerse este verano tardío que los sumerge en este sopor de ciénaga.
En el número 45 se ubica la corrala La Esperanza, el último vestigio de una forma de lucha por el derecho a la vivienda que llegó a contar en Sevilla con más de una decena de iniciativas similares en su día. En este edificio de dos plantas, que siempre ha estado ocupado por cinco familias, ahora sólo viven tres que, tras más de dos años y medio de lucha, han conseguido poner fin a su calvario y encontrar una solución a su problema.
Se trata de María Teresa Hernández, de 39 años y con tres hijos a su cargo y otro que está en camino, Elisabeth Martínez de 34 y cuatro hijos e Irene Gutiérrez de 20 y con una hija de un año. Las dos primeras son las cabezas de familia al no tener pareja. Irene está casada y su marido está en paro.
María Teresa cuenta que vivía en alquiler y mantenía a sus hijos, pero que cuando estalló la crisis estaba en paro y no lograba encontrar trabajo. “Era o comer o hacer esto”, relata. Se puso en contacto con el movimiento 15M, que por aquel entonces se encontraba volcado en proponer soluciones de urgencia al grave problema de vivienda que asola la ciudad. “Decidí unirme al proyecto de la corrala La Esperanza, porque era pagar o comer”, afirma.
La historia de Irene es bien distinta. Se quedó embarazada con 19 años y vivía en casa de sus padres y el marido en la de los suyos. “La casa de los Pajaritos es muy pequeña y no cabíamos como para poder decir vámonos a vivir con la niña”, se lamenta. En aquella época el marido perdió el escaso trabajo con el que malvivía y tampoco pudieron irse de alquiler. “Entonces conocí la corrala y entré a ocupar el bajo”, relata. De la misma manera, Elisabeth se separó de su pareja y se fue a vivir con su madre y cuando se enteró de la corrala “me metí a vivir en un piso”.
El periplo de estas tres familias para conseguir una vivienda donde poder vivir con sus hijos ha sido largo y tortuoso. Lo han recorrido las tres juntas, unidas como una piña y sabiendo siempre qué era lo que necesitaban.
El edificio fue ocupado el 20 de diciembre de 2012. Lo primero que hicieron fue ir al registro a pedir una nota simple “para ver de quién era”. Se encontraron con que la propiedad pertenecía a Buildingcenter SA, una de las filiales de Servihábitat, la inmobiliaria de la Caixa. “Nos fuimos a la oficina que tiene la Caixa en Marqués de Píckman y hablamos con el director”, cuenta María Teresa. A raíz de eso la entidad bancaria se entera de la ocupación y pone la denuncia por usurpación.
“Siempre hemos sido un movimiento, de cinco familias, aunque las familias hayan ido cambiando, y no teníamos apoyo en aquellos momentos de nadie. No teníamos manera de ver cómo hacíamos una mesa de negociación”, relatan. Deciden acudir a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla “para ver si había una manera legal, porque llevábamos años esperando una vivienda de alquiler social acorde a nuestros ingresos, pero no hubo manera”.
María Teresa tenía el puesto 94 en la lista de demandantes de vivienda de Emvisesa, Irene estaba en el puesto ciento y pico, porque tiene menos puntos al tener menos hijos y Elisabeth echó los papeles hace menos tiempo y fue baremada tan sólo hace una semana y media por los servicios sociales del Ayuntamiento.
Preguntaron por escrito a Emvisesa por la situación de las viviendas de Nuevo Amate, antiguo Regiones Devastadas, que por entonces estaban recién terminadas, “porque había doscientos y pico pisos vacíos y nosotros nos veíamos en la calle”, afirma Irene. “Miguel Contreras nos contestó por escrito que las viviendas estaban sorteadas desde 2012”, refiere María Teresa, “algo que sabíamos que no era cierto y como nos daban largas decidimos usurpar y ocupamos una planta nueva y dos familias de Amate se unieron a nosotros”.
Mientras tanto, sus hijos y el marido de Irene permanecen en la Esperanza junto a una de las cinco familias que decidió no acompañarlas en esa aventura. Fue entonces cuando se produjo la tremenda repercusión mediática que tuvo el suceso, “porque el señor Zoido y la subdelegada del Gobierno nos tuvieron retenidos porque no había manera legal de demostrar que esas viviendas había sido sorteadas”, explica María Teresa.
Sobre aquel hecho, que estuvo acompañado de un dispositivo policial que llenó infinidad de páginas de la prensa local, recuerdan que “fue la llamada de un juez más corta de la historia, porque nos llamaron en una semana”. “Cuando nosotros usurpamos —relata— llamamos a la policía para identificarnos y nos dijeron que no tenían competencias, que tenía que ser la propiedad la que ponga la denuncia”.
Entonces se ponen en contacto con la empresa municipal de vivienda (EMVISESA), que envía a una persona para tomarles los datos e intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, María Teresa detalla que todo se vino abajo cuando “comenzamos a reivindicar y soltamos las pancartas, porque la gente del barrio que estaba más o menos como nosotros comenzó a abrir las casas y a meterse dentro”.
Tras sufrir durante algunos días “un fuerte acoso policial”, Zoido hace un llamamiento a través de los medios instando a los ocupantes a abandonar por su propio pie las viviendas y se comprometió a buscar una alternativa. Cuando lo hacen, se forma una mesa de negociación en la que estaban presentes el delegado de urbanismo, Maximiliano Vílchez, la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo y el gerente de EMVISESA, Miguel Contreras.
“Pasó una cosa muy rara, dice una de las vecinas, porque Maximiliano Vílchez le dijo a Miguel Contreras que hiciera la vista gorda y nos dejara allí, porque era verdad que estábamos inscritos como demandantes de vivienda en Emvisesa y que teníamos la exclusión social y cumplíamos el baremo. Pero el gerente de Emvisesa no pasó por ahí y dijo que no”.
Entonces María Teresa, que siempre ha ejercido como portavoz de la corrala, decidió pedir perdón “por la manera en que hicimos la usurpación”, como paso previo para que retiraran la demanda. “Les dije que se pusieran en nuestro lugar, que éramos madres y que no teníamos dónde ir y que una madre desesperada mueve montañas”.
De aquella reunión recuerda que “se sorprendieron mucho cuando soltamos los papeles, porque ellos no esperaban que nosotros tuviéramos papeles firmados de su puño y letra donde Contreras nos decía que Nuevo Amate estaba sorteado”. En la mesa de negociación el gerente de EMVISESA “cambió la versión y dijo que tenía que sortearlos, como de hecho así ha sido esta pasada primavera, que los sortearon en su página web”.
Después de esa mesa de negociación se produjo un período de tiempo en el que no ocurrió nada. “Insistimos mucho a Lola de Pablo y lo único que nos decía era que es que nosotros somos antisistema”, cuenta la portavoz, “Le contestábamos que no, que si el sistema no funciona tendremos que ir contra él. Si yo llevo trece años, desde que nació mi hijo pequeño, esperando una vivienda pública y el sistema no me ayuda, tengo que ir contra el sistema”.
Cuando regresan a la corrala en Nervión, se enteran de que había una mesa de negociación con Servihabitat abierta a espaldas suyas en las que ciertos ocupantes “propusieron una cantidad bastante elevada para nosotras y en un momento determinado esas dos familias se van”. A partir de entonces permanecen ellas tres solas en el edificio hasta hoy.
María Teresa, como portavoz, recibe un correo en el que le exigen “pagar los impuestos de transmisiones patrimoniales (ITP), que son ochenta y tantos euros, y un alquiler de 150 euros, argumentando que es lo acordado”. Ella responde que en ningún momento estuvo en esa mesa de negociación y que no podía aceptar esa cantidad “cuando en mi casa entran cero ingresos”.
El único sustento de la unidad familiar de María Teresa “es una pensión alimenticia de 300 euros con la que tengo que dar de comer a tres hijos y al que viene en camino”. Entonces deciden contactar con el subdirector de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), hoy Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Rafael Ibáñez y con la secretaria general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda, Amanda Meyer. Y se produce una reunión con Luis Pizarro, como miembro de la oficina del Defensor del Pueblo, que las informa de que la Caixa “nos iba a desalojar el día ocho de octubre”.
En la nueva mesa de negociación con Servihábitat, la persona que la abrió confirmó que María Teresa no había participado en la anterior, “porque yo estaba entonces en Nuevo Amate”. Las vecinas pidieron que la Obra Social de la entidad bancaria se hiciera cargo del edificio y que sólo podían llegar a pagar una cantidad de 50 euros.
La Caixa se comprometió a estudiar sus historiales y finalmente aceptó y se llegó al acuerdo de firmar un contrato de alquiler por dos años por dicha cantidad mensual y “ellos se hacen cargo de lo que es el mantenimiento del edificio y la comunidad”.
Antonio Colmenar, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Sevilla), afirma que en la actualidad están negociando los casos de 71 afectados por problemas de vivienda con la entidad bancaria La Caixa. Todas las negociaciones se están llevando a cabo con las territoriales de zona.
“En concreto, la semana pasada firmamos una dación en pago con extinción total de la deuda y alquiler social en la misma vivienda donde residía la familia afectada”, relata. Cuenta que en los últimos cuatro meses consiguieron otras cuatro, “dos acogidas al Real Decreto y otras dos daciones con extinción total de la deuda”.
Según Colmenar, la postura de la Caixa ha cambiado de manera considerable. “Hemos conseguido varias reestructuraciones de deuda —sostiene— y la mayoría de los casos son de hipotecas provenientes de El Monte o de la Caja San Fernando, sólo un 10% son de la Caixa”.
Las tres familias se muestran muy agradecidas con esta solución, “en la que todos han puesto un granito de arena”, especialmente Rafael Ibáñez, Amanda Meyer, y alcaldía, “que también rogó por nosotros, porque yo le dije al señor Zoido que si no me buscaba una casa le paría allí el niño”, refiere María Teresa con una sonrisa.
“No sabemos quién intervino por parte del Ayuntamiento, pero el banco nos dijo que Alcaldía había intercedido por nosotros para que nos ayudaran un poco mientras solucionaban nuestra situación. Supongo que sería a través de Dolores de Pablo, la delegada de Asuntos Sociales”, sostiene.
Ahora, tras dos años y medio largos de lucha ven el futuro con otros ojos. La esperanza que dio nombre a la corrala se ha hecho por fin realidad. “Como ya no somos antisistema, porque nuestro baremo tenía menos puntos por ser usurpadores, yo tendría que estar ahora en el puesto cuatro o cinco de la lista, por lo que en el próximo grupo de viviendas que den debería venir la mía”, comenta María Teresa.
Para Irene, tras la consecución de este logro, “empieza otra lucha nueva que es seguir intentando que cuando pasen dos años no nos veamos de nuevo en la calle y nos den la vivienda pública que llevamos pidiendo desde el principio, recurriendo al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, que también concede ayudas para el alquiler”.
Todas coinciden en que han vivido momentos muy duros, “el que más, las traiciones, cuando tú confías en alguien y te vende, se pasa muy mal”. Irene matiza que “la traición más grande nos la hizo una de nosotras, una de las que estaba aquí. Eso duele mucho, pero siempre hemos sabido qué queríamos y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí”.
María Teresa destaca la unión de las tres familias. “Nosotros somos como una familia en grande, ellas tienen la edad de mis hijos y para mí son como mis hijas y yo creo que esto ha sido un triunfo de la unión de las tres familias, porque antes sí había más trifulcas y discusiones”, afirma.
Ahora, María Teresa ha decidido tomarse “un 'kit-kat' para parir, pasar la cuarentena y disfrutar un poco de mis hijos, porque hace dos años que ni siquiera me siento con ellos en la mesa para almorzar”. Irene y Elisabeth están pendientes de que las puedan llamar del Programa de Ayuda a la Contratación (PACA) del Ayuntamiento de Sevilla. Tal vez sea el primer paso para que cambie de una vez su suerte.
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