Izquierda
Plural planteó ayer una Propuesta de Ley en el Congreso de los Diputados para
prohibir la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica
(fracking). La Propuesta fue votada a favor por el PSOE, por lo que la Plataforma Andalucía
Libre de Fracking considera que “pasó a ser el segundo compromiso político
en menos de un mes que obliga al Gobierno andaluz a materializar un
mecanismo para prohibir dicha práctica en Andalucía y revocar los permisos
vigentes”.
Los
parlamentarios del PSOE votaron a favor de una propuesta para “prohibir la
fracturación hidráulica como técnica de extracción de gas natural del subsuelo
en todo territorio del estado”. Además, según un comunicado difundido por Ecologistas en Acción, “a este
hecho ha de sumarse el compromiso público firmado por el PSOE e IU el pasado
día 14, también en el Congreso, contrayendo voluntariamente junto con 20
partidos políticos más la obligación de prohibir el fracking”.
La
organización ecologista destaca que “en el caso de ayer, la Proposición de Ley
resultó rechazada por la mayoría absoluta del PP, favorable a esta técnica con
graves impactos ambientales y sobre la salud, mientras que los grupos políticos
que han respaldado esta iniciativa han sido PSOE, ERC, Amaiur y Compromis-Equo,
se han abstenido UPyD, CiU y el PNV”.
En dicho contexto, la Plataforma exige al Gobierno de la Junta de Andalucía coherencia a nivel autonómico con las acciones realizadas por el PSOE e IU a nivel estatal. En su opinión, “ante el vacío legal que actualmente rige el fracking, el Gobierno andaluz debe actuar con celeridad y evitar que Andalucía sea la primera Comunidad Autónoma donde se instale el primer pozo de fracturación hidráulica, y por tanto donde se empiecen a padecer las consecuencias ambientales de esta actividad que van desde la contaminación del agua hasta el aumento de la actividad sísmica”.
Además resaltan que Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. “La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados —añaden— suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén”. A ello habría que sumarle, siempre según el comunicado, “una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla”.
La Plataforma sostiene que a los votos favorables a la Propuesta de Ley en el
congreso hay que añadirle “las Proposiciones No de Ley aprobadas por el
Parlamento Andaluz el año pasado y el compromiso público junto a más partidos
políticos de mediados de este mes”, por lo que consideran que “el Gobierno de
la Junta de Andalucía de PSOE e IU debe materializar cuanto antes los
instrumentos legislativos necesarios para prohibir el fracking en
Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como revocar
sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación”.
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