La Plataforma Andalucía Libre de Fracking exige coherencia al Gobierno andaluz

Izquierda Plural planteó ayer una Propuesta de Ley en el Congreso de los Diputados para prohibir la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica (fracking). La Propuesta fue votada a favor por el PSOE, por lo que la Plataforma Andalucía Libre de Fracking considera que “pasó a ser el segundo compromiso político en menos de un mes que obliga al Gobierno andaluz a materializar un mecanismo para prohibir dicha práctica en Andalucía y revocar los permisos vigentes”.

                       

Los parlamentarios del PSOE votaron a favor de una propuesta para “prohibir la fracturación hidráulica como técnica de extracción de gas natural del subsuelo en todo territorio del estado”. Además, según un comunicado difundido por Ecologistas en Acción, “a este hecho ha de sumarse el compromiso público firmado por el PSOE e IU el pasado día 14, también en el Congreso, contrayendo voluntariamente junto con 20 partidos políticos más la obligación de prohibir el fracking”.

La organización ecologista destaca que “en el caso de ayer, la Proposición de Ley resultó rechazada por la mayoría absoluta del PP, favorable a esta técnica con graves impactos ambientales y sobre la salud, mientras que los grupos políticos que han respaldado esta iniciativa han sido PSOE, ERC, Amaiur y Compromis-Equo, se han abstenido UPyD, CiU y el PNV”.

En dicho contexto, la Plataforma exige al Gobierno de la Junta de Andalucía coherencia a nivel autonómico con las acciones realizadas por el PSOE e IU a nivel estatal. En su opinión, “ante el vacío legal que actualmente rige el fracking, el Gobierno andaluz debe actuar con celeridad y evitar que Andalucía sea la primera Comunidad Autónoma donde se instale el primer pozo de fracturación hidráulica, y por tanto donde se empiecen a padecer las consecuencias ambientales de esta actividad que van desde la contaminación del agua hasta el aumento de la actividad sísmica”.

Además resaltan que Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. “La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados —añaden— suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén”. A ello habría que sumarle, siempre según el comunicado, “una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla”.

La Plataforma sostiene que a los votos favorables a la Propuesta de Ley en el congreso hay que añadirle “las Proposiciones No de Ley aprobadas por el Parlamento Andaluz el año pasado y el compromiso público junto a más partidos políticos de mediados de este mes”, por lo que consideran que “el Gobierno de la Junta de Andalucía de PSOE e IU debe materializar cuanto antes los instrumentos legislativos necesarios para prohibir el fracking en Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como revocar sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación”.