La Marea Amarilla protesta ante el Parlamento Andaluz

Alrededor de doscientas personas, ataviadas casi todas con la camiseta amarilla que simboliza la lucha de los monitores escolares y de educación especial de la Junta, se han concentrado hoy a las seis de la tarde en la puerta del Parlamento de Andalucía.

Mientras el sol dibujaba la silueta del Hospital de las Cinco Llagas sobre el asfalto caliente de la calle San Juan de Ribera, la policía encargada de la custodia de la sede parlamentaria se ha visto forzada a pedir refuerzos ante la aglomeración de personas en el acerado. Tres furgones de la policía nacional se han encargado de delimitar con vallas el espacio ocupado por los manifestantes y de habilitar un paso también vallado para que los transeúntes no tuviesen dificultades con el tráfico rodado.

Estaban allí para denunciar la pésima gestión del Gobierno andaluz, que viene decantándose por la privatización de unos servicios destinados a ser públicos. Al poco tiempo de iniciarse la protesta, varios representantes de ambas Plataformas han accedido al interior del recinto para hacer entrega de un escrito.

El plan de choque de la Consejería de Educación

Gerardo Padilla, del CSIF, aclara que “estamos aquí para apoyar a los monitores escolares insertos en el Plan de Choque de la Consejería de Educación, porque a partir de septiembre u octubre estas personas van a ser cesadas”. Según explica, “la Consejería hizo una oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo y los contrató con una serie de requisitos de igualdad, capacidad, mérito, publicidad y libre concurrencia y se pactó en la subcomisión de convenio un año de contrato que ya no va a ser tal año”.

“Un plan de choque —recalca— significa que debería estar en vigor hasta que las plazas vayan a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que pasa es que los monitores ya tienen noticias de que van a ser cesados a partir de septiembre u octubre y ellos se deberían mantener en sus puestos de trabajo hasta que esas plazas se inserten verdaderamente”.

Mari Paz Vargas, de CCOO, añade que el origen del conflicto es que “la Junta de Andalucía tiene la mayoría de los puestos de monitores externalizados, en manos de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), y éste lo que hace es que se va a una empresa de trabajo temporal y contrata a los monitores sin ninguna garantía”. Esto supone que haya personas “que ni siquiera tienen la titulación requerida para trabajar con niños y con menores”.

En relación al plan de choque afirma que “nosotros llegamos a un acuerdo con la administración. Entonces terminaron los contratos de los monitores escolares que estaban por una ETT y se hicieron unas contrataciones para el tiempo que durase este curso escolar”. El por qué de dicha fórmula era que “esas plazas se iban a crear dentro de la Junta de Andalucía en la RPT y se ofertarían como vacantes a todo el mundo que cumpliera los requisitos y quisiera participar en el proceso de selección” y “había que dar tiempo al proceso administrativo necesario para su creación”.

En su opinión, la Junta “ha incumplido una vez más los compromisos adquiridos, porque la idea era que en septiembre se iniciaría el proceso de selección de una oferta de empleo público”. Sin embargo, ahora “el plan de choque se termina y nos tememos mucho que lo que pretenden es volver a externalizarlas”. Destaca además que “entre todos los colectivos de monitores puede haber afectadas unas 8.000 personas que están ahora mismo trabajando en la administración sin pertenecer a ella y que lo hacen con menores, que no son papeles ni datos que estás grabando en un ordenador”.

“El colectivo de monitores del plan de choque de la Junta, unas 840 personas, pasó una selección y la Junta adquirió unos compromisos de hacerles unos contratos anuales a media jornada”, afirma Luis Salmerón, de CGT-Huelva. Denuncia que ha habido un incumplimiento, “porque se les ha hecho un contrato de siete meses y una jornada laboral de ocho horas semanales en la mayoría de los casos, aunque hay casos excepcionales de 12 horas”. Además recalca que tienen un contrato por obras y servicios, “lo que quiere decir que deberían continuar mientras que esas vacantes estén ahí”.

Salmerón afirma que la demanda existe y esos puestos están ahí para ser cubiertos, “porque cada centro necesita a estos trabajadores durante todo el curso escolar, que sí cumplen los requisitos que recoge el convenio colectivo del personal laboral, entre ellos la titulación, porque son todos Técnicos Superiores en Administración y Finanzas”.

En su opinión, la Junta “tiene un compromiso con los trabajadores que despidió y quiere apañarlo de tal manera de que los que estaban antes contratados puedan acceder a estas plazas mediante una ≪credita≫, que es un reconocimiento de la categoría profesional”. “Eso entendemos que no puede ser porque no cumplen los requisitos exigidos”, concluye.

“Aquí hay un gran batiburrillo, desde la terminología que se emplea para nombrar a cada uno de los colectivos, que se hace casi siempre de manera errónea, hasta todas las soluciones entre comillas que la Junta está ofreciendo”, explica encarnación González, de USTEA-Málaga.

“En principio el compromiso era de un año prorrogable —añade—, porque normalmente en los planes de choque se siguen ocupando los puestos por la misma gente en tanto esas plazas no reviertan a la RPT, y sin embargo por malas gestiones de otros grupos sindicales y de la propia Junta su contrato de un año se ha visto convertido en uno de siete, seis e incluso alguno de cinco meses”.

González teme que esas plazas “se puedan convertir en una puerta falsa de entrada a la administración pública y defiende que existen “otras formas de acceso y otros grupos a los que se puede acceder dentro del personal laboral que no tienen unos requisitos tan estrictos como este Grupo 3. Si la Junta quiere hay cabida para todos y es como se debe hacer”.

La posición de la Junta

“Ahora mismo no hay ningún proceso de negociación abierto con la Junta. Ellos lo que nos dicen es que este plan de choque ha sido diseñado para siete meses nada más, cosa que es mentira, puesto que era para un año”, cuenta Padilla. Se queja de que no han presentado ninguna alternativa, “con lo que en septiembre los colegios de educación infantil y primaria van a estar muy mermados en este personal, porque ellos tienen tareas administrativas, extra lectivas y deportivas y ayuda a la biblioteca”.

Para Vargas, sin embargo, “la Consejería tiene ahora mismo un grave problema; las personas despedidas que antes ocupaban estos puestos fueron a los tribunales y las sentencias las están ganando por cesión ilegal de trabajadores”. Ahora la Junta está obligada a readmitirlos, “pero con el grave problema de presupuesto que tiene, no se sabe en las condiciones en las que lo va a hacer y nos tememos que cuando entren los del plan de choque se van a ir fuera, porque la dos plantillas no las puede mantener”.

“La Junta está ofreciendo al personal administrativo de apoyo externo que subcontrató todas las posibilidades que tiene en su mano, tanto de formación, como inclinarse por la readmisión de los mismos en vez de indemnizarlos, y eso va en detrimento del personal público y de las plazas públicas”, defiende González.

Para Salmerón lo que está haciendo la Junta es “dándoles pares y nones a todos” y, en relación a las sentencias de los tribunales, defiende que “si la Junta no los indemniza, que los vuelva a contratar en su categoría profesional y el que tenga el título que acceda”. “En ese sentido también los apoyamos a ellos”, finaliza.