Frank Walls pide no morir y permanecer de por vida en la cárcel

Frank Walls, estadounidense de 46 años, lleva 25 condenado a muerte en Florida y ha agotado sus vías ordinarias de apelación en los tribunales. Ha pedido la conmutación de su condena de muerte por otra de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si se le deniega el indulto, el gobernador firmará la orden de ejecución.

Cuando el 14 de junio de 2013, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó la entrada en vigor de la "Ley de Justicia Oportuna" —destinada en parte a acelerar las ejecuciones— su promotor, Matt Gaetz, de la Cámara de Representantes de Florida, le transmitió su agradecimiento través de Twitter. A continuación le dijo: "varios internos del corredor de la muerte tendrán que empezar a elegir su última comida". Gaetz ya señaló públicamente el caso de Fank Walls cuando presentó su proyecto de ley y afirmó que "si la Ley de Justicia Oportuna entra en vigor, el Sr. Walls va a tener que empezar a pensar en cuál va a ser su última comida".

Walls fue declarado culpable en julio de 1988 de los asesinatos de Edward Alger y Ann Peterson, muertos a tiros en la casa del primero en el norte de Florida el 22 de julio de 1987. Tres años después, la Corte Suprema de Florida ordenó que se celebrara un nuevo juicio porque consideró que en la obtención de pruebas de cargo se había incurrido en conducta oficial indebida.

En el nuevo juicio, que se celebró en 1992, el jurado emitió de nuevo un veredicto condenatorio y recomendó que se dictara la pena de muerte por el asesinato de Ann Peterson (Wells fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edward Alger). El juez determinó que existían una serie de factores atenuantes. Destacó el hecho de que Frank Walls había confesado voluntariamente el delito, había cooperado con la policía y sufría daño y disfunción cerebrales. También que tenía 19 años en el momento del delito y funcionaba al nivel de un niño de 12 años a causa de su limitado desarrollo emocional y mental. Pese a ello, el juez aceptó la recomendación del jurado y dictó una condena de muerte.

Según expertos en medicina, Frank Walls sufrió daño cerebral durante su difícil parto en Alemania, donde su padre estaba destinado como parte de la Fuerza Aérea estadounidense. En su primera infancia, le diagnosticaron hiperactividad, y le prescribieron Ritalin para tratarla. A los 12 años contrajo meningoencefalitis vírica, una inflamación del cerebro que puede dar lugar a problemas psiquiátricos y de desarrollo.

Cuando tenía 13 años lo incluyeron en el programa para discapacitados emocionales de su centro escolar. Una evaluación neuropsicológica que le realizaron a los 16 años concluyó que sufría disfunción cerebral orgánica, tendencia a la "psicosis" y las "alucinaciones", "cambios erráticos de humor que luego no recuerda", tendencias paranoides y un control deficiente de los impulsos.

En 1985, un psiquiatra infantil le diagnosticó disfunción cerebral orgánica y trastorno bipolar, una grave enfermedad mental. En 2002, un psiquiatra que revisó su caso concluyó que "debido a una combinación de disfunción cerebral y tendencias maníacas causada en parte por una meningoencefalitis vírica sufrida a los 12 años, Frank Walls estaba muy expuesto a cometer actos violentos, ya que cada vez era más incapaz de manejar las responsabilidades y exigencias de los adultos".

Además de la información sobre su discapacidad intelectual, a las autoridades responsables del indulto se les han presentado pruebas de su aceptación de la culpa y de sus remordimientos por los delitos, así como de su desarrollo personal en el "corredor de la muerte". Lo han testimoniado diversas personas —monjas, un capellán, ciudadanos corrientes y uno de los detectives que investigaron originalmente su caso— que han estado en contacto con él en el "corredor de la muerte".