El delito de ser libre en Arabia Saudí

En Arabia Saudí, si quieres salir de prisión, has de abandonar el activismo. Y además has de firmarlo por escrito. Así de sencillo y de duro a la vez. Un país que presume de civilizado y de ser el más cercano a la civilización occidental maltrata de esa manera los derechos humanos ante el silencio cómplice de la comunidad internacional.

En enero pasado, un indulto del rey saudí Abdalá bin Abdelaziz dejó en libertad a diez reformistas. Fue concedido con la condición de que firmaran un documento en el que se comprometían a no reincidir y a no desarrollar activismo público, además de expresar su agradecimiento al monarca.

El mismo trato fue también ofrecido a otros seis recluidos junto a los primeros, pero no lo aceptaron y aún continúan encarcelados. Se trata de Suliaman al-Rashudi, Saud al-Hashimi, Musa al-Qirni, Abdul Rahman al-Shumayri, Abdul Rahman Khan y Abdullah al-Rifa’i. Todos ellos están considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Suliaman al-Rashudi es un ex juez de 76 que fue detenido el pasado 12 de diciembre de 2012 dos días después de pronunciar una conferencia en una concentración social informal sobre la legalidad, según el derecho islámico, de celebrar manifestaciones. Un delito, como se puede suponer, de lesa gravedad.

Estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento hasta el 16 de febrero y desde entonces se le permiten visitas de su familia. Sin embargo, Saud al-Hashimi ha pedido reiteradamente poder visitar a su madre, que se encuentra muy enferma, y le ha sido denegado de manera sistemática. Así de humanitarias son las autoridades del país.

Ambos figuraban en el grupo de nueve hombres detenidos en febrero de 2007 en las ciudades de Yidda y Mediana, tras haber difundido una petición en demanda de reformas políticas y entablado debates sobre una propuesta de establecimiento de una organización independiente de derechos humanos en Arabia Saudí.

Con posterioridad se detuvo a otros siete hombres relacionados con Saud al-Hashimi. Suliaman al-Rashudi quedó en libertad bajo fianza el 23 de junio de 2011, pero el 22 de noviembre de ese mismo año los 16 fueron declarados culpables y condenados entre 5 y 30 años de prisión, tras los cuales tendrían prohibido viajar.

La condena la formuló el Tribunal Penal Especial, establecido para conocer de delitos de terrorismo. Los condenaron por cargos como “formar una organización secreta”, “intentar tomar el poder”, “incitar contra el rey”, “financiar el terrorismo” y “blanquear dinero”. A cual más absurdo y ridículo.  Sus juicios fueron una farsa, ya que se ocultaron durante meses a sus abogados y familiares dichos cargos y se les negó también el acceso a muchos de los procedimientos judiciales.

Suliaman al-Rashudi fue condenado a 15 años de prisión, tras los cuales tendría prohibido viajar durante otros 15, por cargos como “participar en la formación de una organización llamada Tawaso” con el fin de propagar el caos con la excusa del asesoramiento y la reforma. Todo muy orwelliano. Tawaso era la organización de derechos humanos que tenían pensado crear. Quedó en libertad en espera del resultado de su apelación, pero fue detenido de nuevo el fatídico 12 de diciembre de 2012 después de celebrar aquella conferencia.

A Saud al-Hashimi le impusieron la condena más severa: 30 años de prisión y la prohibición de viajar durante otros 30. A finales de 2010 fue torturado por declararse en huelga de hambre durante más de una semana. Lo dejaron en ropa interior, lo inmovilizaron con grilletes, lo sacaron a rastras de la celda, lo tuvieron en otra donde hacía mucho frío durante alrededor de cinco horas y lo obligaron a firmar una confesión.

Posteriormente fue acusado de “pertenecer a Al Qaeda dentro del país y promoverla y defenderla a ella y a otras organizaciones y actividades terroristas dirigidas contra este país”. Su abogado sostuvo que era sabido que su defendido había expresado opiniones contra la organización terrorista y contribuido a convencer a otros de que no fueran a combatir a la guerra de Irak. En cuanto a las acusaciones de financiación del terrorismo en Irak, también señaló que Saud ayudó a recaudar dinero en canales de televisión que tenían libertad para emitir en Arabia Saudí con objeto de ayudar al pueblo iraquí y que lo hacía con permiso oficial y en colaboración con la sociedad benéfica británica Help the Needy. Por lo que se ve, de nada sirvió.

En Arabia Saudí no se toleran las críticas al Estado. Quienes lo hacen suelen ser recluidos en régimen de incomunicación sin cargos, a veces también en régimen de aislamiento, y sin acceso a abogados ni a los tribunales para impugnar la legalidad de su detención. Con frecuencia se utiliza la tortura u otros malos tratos para obtener confesiones, castigarlos por negarse a arrepentirse u obligarlos a prometer no reincidir.

La detención en régimen de incomunicación suele durar hasta que se obtiene una de esas confesiones, lo que puede suponer meses o, en ocasiones, hasta años. Si se presentan cargos, a veces es por imprecisos delitos contra la seguridad como “desobedecer al gobernante”. Los procedimientos judiciales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. A los acusado se les niega la asistencia letrada, en la mayoría de los casos ni los ellos ni las familias son informados de la marcha del procedimiento y las vistas suelen celebrarse a puerta cerrada.

Artículo publicado en sevilla report.