El Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Sevilla presentó
el pasado miércoles el denominado Pacto por Sevilla, al que auguran que
creará la apabullante cifra de 46.000 empleos en la ciudad. Asombra la
facilidad con la que ponen ceros los políticos a las cifras de empleos que van
a generar unos proyectos que siempre ocultan un trasfondo de intereses opacos y
que rara vez se cumplen.
El ambicioso plan, que contará con una aportación de 70
millones de euros del consistorio sevillano, está ligado cómo no a proyectos
sobre los que planea la larga sombra de la especulación urbanística. Así, los
ya manidos y emblemáticos nombres de Ikea, Altadis, La Gavidia, las Reales
Atarazanas, la Estación de Autobuses del Prado, y el dragado de profundización
del Guadalquivir, todos ellos con su problemática a cuestas y con la incertidumbre
de su más que dudosa legalidad, aparecen en la trastienda del proyecto. A bote
pronto, tiene toda la pinta de ser otra operación de venta de humo en unos
momentos en los que las brutales cifras del paro nos abocan a la desesperación.
Parece mentira que el Alcalde, que cuando militaba en la
oposición apoyó la denuncia de los vecinos contra la construcción de la
Biblioteca del Prado por su manifiesta ilegalidad y que acabó derribándola, se dedique ahora
desde los atriles del poder a promover intervenciones susceptibles de tener el
mismo fin trágico.
La mayoría de esos “cambios” en el PGOU —como le gusta
llamarlos a Zoido— son recalificaciones que han de ajustarse estrechamente a la
ley y ésa es una cuestión que está aún por ver. Baste como ejemplo la
recalificación a la carta que se prepara para la segunda tienda de Ikea en
Sevilla, con 41.000 metros más de lo permitido. O la del edificio de la
Gavidia, un monumento que forma parte del esqueleto urbano de la ciudad y que
está ubicado en una parcela que es un bien de domino público, cuya recalificación
obligaría al ayuntamiento a compensar la pérdida de dotaciones en esa misma área urbana, unos 7.500 metros
cuadrados. Y, sin ir más lejos, el polémico proyecto
de dragado del Guadalquivir, sobre el que ya pesa una amenaza de denuncia,
incluso por la vía penal, de varias organizaciones ecologistas si se salta las
disposiciones legales como se deduce de la actitud de la Autoridad Portuaria.
Más bien es como si, ahora que se van a desmantelar los ayuntamientos
con la puesta en marcha de la Ley de Reforma de la Administración Local que ya
tramita el gobierno de la nación, el consistorio hispalense ha decidido
inaugurar la liquidación por traspaso. Unas rebajas de todo a cien en las que
peligra una buena parte del patrimonio de los sevillanos. Zoido, que se
prometió como el alcalde del empleo hasta ahora sin éxito alguno, debe andar
bastante desesperado para embarcarse en semejante aventura.
Lo más triste de todo es que sigue sin haber nada nuevo bajo
el sol de esta ciudad. Volvemos a los vicios de siempre, esos que nos tienen
condenados desde hace siglos, los de ligar el progreso y el bienestar de la
sociedad a la especulación y el enriquecimiento fácil —casi siempre de unos
pocos para desgracia de muchos— en vez de apostar por un desarrollo económico
sostenible y con garantías de futuro.
El denominador común de todos estos sueños materializados en
papel es que ninguno va acompañado de un plan específico en el que se detallen
cómo y dónde van a generarse esa cantidad escalofriante de empleos y de qué
manera van a solucionarse los impedimentos legales que tienen cada una de las
recalificaciones previstas. Una cuestión, por cierto, nada baladí.
Algo que no ha de extrañar a nadie —ya que viene siendo la
norma habitual— si se hubiera molestado en leer con atención los innumerables
artículos que durante años ha escrito Carlos
Mármol al respecto en el Diario de Sevilla antes de que prescindieran de su
persona y de que pasara a convertirse en el Diario de Zoido, su particular
mentor. Forma parte de las cadenas que conlleva la pleitesía, además de que uno
de los voceros mayores de su nómina se dedique a pasearse por Sevilla
insultando impunemente a empleados de las empresas municipales, con la
connivencia obligada de quienes las dirigen.
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