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23 febrero 2013

Zoido y los empleos al borde de la ley


El Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Sevilla presentó el pasado miércoles el denominado Pacto por Sevilla, al que auguran que creará la apabullante cifra de 46.000 empleos en la ciudad. Asombra la facilidad con la que ponen ceros los políticos a las cifras de empleos que van a generar unos proyectos que siempre ocultan un trasfondo de intereses opacos y que rara vez se cumplen.

El ambicioso plan, que contará con una aportación de 70 millones de euros del consistorio sevillano, está ligado cómo no a proyectos sobre los que planea la larga sombra de la especulación urbanística. Así, los ya manidos y emblemáticos nombres de Ikea, Altadis, La Gavidia, las Reales Atarazanas, la Estación de Autobuses del Prado, y el dragado de profundización del Guadalquivir, todos ellos con su problemática a cuestas y con la incertidumbre de su más que dudosa legalidad, aparecen en la trastienda del proyecto. A bote pronto, tiene toda la pinta de ser otra operación de venta de humo en unos momentos en los que las brutales cifras del paro nos abocan a la desesperación.

Parece mentira que el Alcalde, que cuando militaba en la oposición apoyó la denuncia de los vecinos contra la construcción de la Biblioteca del Prado por su manifiesta ilegalidad  y que acabó derribándola, se dedique ahora desde los atriles del poder a promover intervenciones susceptibles de tener el mismo fin trágico.

La mayoría de esos “cambios” en el PGOU —como le gusta llamarlos a Zoido— son recalificaciones que han de ajustarse estrechamente a la ley y ésa es una cuestión que está aún por ver. Baste como ejemplo la recalificación a la carta que se prepara para la segunda tienda de Ikea en Sevilla, con 41.000 metros más de lo permitido. O la del edificio de la Gavidia, un monumento que forma parte del esqueleto urbano de la ciudad y que está ubicado en una parcela que es un bien de domino público, cuya recalificación obligaría al ayuntamiento a compensar la pérdida de dotaciones  en esa misma área urbana, unos 7.500 metros cuadrados. Y, sin ir más lejos, el polémico proyecto de dragado del Guadalquivir, sobre el que ya pesa una amenaza de denuncia, incluso por la vía penal, de varias organizaciones ecologistas si se salta las disposiciones legales como se deduce de la actitud de la Autoridad Portuaria.

Más bien es como si, ahora que se van a desmantelar los ayuntamientos con la puesta en marcha de la Ley de Reforma de la Administración Local que ya tramita el gobierno de la nación, el consistorio hispalense ha decidido inaugurar la liquidación por traspaso. Unas rebajas de todo a cien en las que peligra una buena parte del patrimonio de los sevillanos. Zoido, que se prometió como el alcalde del empleo hasta ahora sin éxito alguno, debe andar bastante desesperado para embarcarse en semejante aventura.

Lo más triste de todo es que sigue sin haber nada nuevo bajo el sol de esta ciudad. Volvemos a los vicios de siempre, esos que nos tienen condenados desde hace siglos, los de ligar el progreso y el bienestar de la sociedad a la especulación y el enriquecimiento fácil —casi siempre de unos pocos para desgracia de muchos— en vez de apostar por un desarrollo económico sostenible y con garantías de futuro.

El denominador común de todos estos sueños materializados en papel es que ninguno va acompañado de un plan específico en el que se detallen cómo y dónde van a generarse esa cantidad escalofriante de empleos y de qué manera van a solucionarse los impedimentos legales que tienen cada una de las recalificaciones previstas. Una cuestión, por cierto, nada baladí.

Algo que no ha de extrañar a nadie —ya que viene siendo la norma habitual— si se hubiera molestado en leer con atención los innumerables artículos que durante años ha escrito Carlos Mármol al respecto en el Diario de Sevilla antes de que prescindieran de su persona y de que pasara a convertirse en el Diario de Zoido, su particular mentor. Forma parte de las cadenas que conlleva la pleitesía, además de que uno de los voceros mayores de su nómina se dedique a pasearse por Sevilla insultando impunemente a empleados de las empresas municipales, con la connivencia obligada de quienes las dirigen.

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