El acoso por parte del Estado a los
activistas de derechos humanos de Arabia Saudí se intensifica,
no ya por la constante represión de la
libertad de expresión y las manifestaciones en nombre de la seguridad
nacional, sino porque se suceden los juicios contra los defensores de derechos
humanos por cargos relacionados con su actividad.
Es el caso de Abdullah bin Hamid bin
Ali al-Hamid, de 65 años, y Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani, de 46,
cofundadores de la ONG de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles
y Políticos, que están siendo juzgados ahora por dichos motivos.
Abdullah al-Hamid fue sometido a juicio
el 11 de junio y Mohammed al-Qahtani, el 18 del mismo. Ambos comparecieron ante
el Tribunal Penal de Riad, acusados de una lista similar de delitos. Entre los
cargos figuraban acusaciones como intentar perturbar la seguridad e incitar al
desorden, menoscabar la unidad nacional, quebrantar la lealtad al gobernante,
desobedecerle y cuestionar la integridad de funcionarios.
Según el pliego de cargos, estaban
acusados de perpetrar estos delitos por medio de actividades como redactar y
publicar una declaración convocando manifestaciones, establecer una
organización no autorizada (que se sobrentendía que era la Asociación Saudí de
Derechos Civiles y Políticos) y acusar al poder judicial de permitir la tortura
y admitir confesiones hechas bajo coacción. Al igual que otros activistas
de derechos humanos, Mohammad al-Qahtani asistió en calidad de observador a la
vista judicial del 11 de junio, cuando se le informó de que él también iba a
ser sometido a juicio una semana más tarde.
Abdullah al-Hamid es un conocido
reformista que ya ha estado detenido anteriormente. El 8 de marzo de 2008
comenzó a cumplir una condena de cuatro meses de prisión por el cargo de
"incitar a manifestarse", mientras que su hermano, Issa al-Hamid,
declarado culpable del mismo cargo, cumplió una pena de seis meses. Habían
apoyado una manifestación pacífica organizada ante la prisión de Buraida por
mujeres que pedían que se dejara en libertad o se juzgara con garantías a
familiares suyos que se hallaban detenidos sin cargos ni juicio.
También fue condenado en mayo de 2005 a
siete años de prisión por cargos como "sembrar disidencia y desobedecer al
gobernante" tras haber sido detenido junto con otras personas por pedir
reformas políticas en 2004. Junto con otros presos, quedó en libertad en virtud
de un real indulto concedido el 8 de agosto de 2005 por el nuevo rey Abdalá.
Las autoridades saudíes han sometido recientemente a hostigamiento a varios defensores de los derechos humanos, tanto por medio de los tribunales como con medidas arbitrarias como prohibirles viajar. Entre las personas objeto de tal hostigamiento figuran miembros, incluidos los fundadores, de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, establecida en octubre de 2009.
La Asociación ha denunciado violaciones
de derechos humanos y ha ayudado a las familias de muchas personas recluidas
sin cargos ni juicio a interponer demandas contra el Ministerio del Interior
ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con competencia para
ver demandas contra el Estado y sus servicios públicos.
El pasado 10 de abril, el Tribunal Penal Especial de Riad, que se estableció para ver causas de terrorismo y relacionadas con la seguridad, condenó a Mohammed Saleh al-Bajady, cofundador de la Asociación, a cuatro años de prisión, tras los cuales tendrá prohibido viajar durante cinco años. Al parecer, lo declaró culpable de participar en el establecimiento de una organización de derechos humanos, dañar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, pedir a familias de personas detenidas por motivos políticos que protesten y organicen sentadas, poner en duda la independencia del poder judicial y estar en posesión de libros prohibidos.
Otro de los activistas bajo amenaza es el defensor de los derechos humanos y escritor de 57 años Mikhlif bin Daham al-Shammari, que se enfrenta a una larga lista de cargos, como intentar dañar la reputación del reino en los medios de comunicación internacionales, comunicarse con organizaciones sospechosas y acusar de corrupción a órganos del Estado.
Mikhlif es famoso por sus escritos
críticos sobre violaciones de derechos humanos y corrupción. Quedó en libertad
bajo fianza en febrero de 2012, tras haber pasado más de año y medio detenido a
causa de un artículo que había publicado criticando los prejuicios que afirmaba
que tenían los ulemas sunís contra la minoría chií y sus creencias. En abril de
2012, las autoridades le informaron de que tenía prohibido salir del país
durante 10 años. Su juicio, que comenzó el 7 de marzo de 2012, se está
celebrando ante el Tribunal Penal Especial.
El también activista de los derechos
humanos, Waleed Abu al-Khair, de 33 años, tiene aún abierta una causa contra él
por faltar al respeto al poder judicial y dañar la reputación del reino
proporcionando a una organización internacional información falsa sobre su
esposa, Samar Badawi. Su juicio ante el Tribunal Penal de Yidda comenzó en
septiembre de 2011. En marzo de 2012, días antes de que se dispusiera a visitar
una universidad estadounidense para asistir a un curso sobre democracia, se le
impuso también la prohibición de viajar.
Y Fadhel Maki al-Manasif, activista de los derechos humanos de 26 años, está siendo juzgado por el Tribunal Penal Especial de Rial por cargos como "infringir la lealtad al gobernante", "provocar sedición y desórdenes", "incitar a la opinión pública en contra del Estado", "alterar el orden participando en marchas" y "prestar apoyo a una persona buscada por el Estado". Los cargos guardan relación con unos sucesos ocurridos en marzo de 2009. Sin embargo, Amnistía Internacional defiende que sus detenciones en 2011 y su juicio se deben a su activismo en favor de los derechos humanos.
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