El Gobierno de Gambia ha confirmado la ejecución ante un pelotón de fusilamiento de nueve condenados a muerte, ocho hombres y una mujer. Los condenados fueron sacados de sus celdas la noche del 23 de agosto y ejecutados al poco tiempo. Las ejecuciones se realizaron en secreto y no se notificaron con antelación ni a los reos ni a sus familiares.
Como ya contamos en este blog, el presidente de Gambia, Jahya Jammeh, declaró los días 19 y 20 de agosto pasado que todos los condenados a muerte del país serían ejecutados antes de mediados de septiembre. Esta declaración se encuadra en lo que él mismo denominó en mayo pasado como “Operación Buldozer”, con la que pretende limpiar la nación de delincuentes. La demostración de la intención de cumplir a rajatabla tan horrible amenaza no se ha hecho esperar más de tres días. Con estos antecedentes, crece el temor de que sean ejecutadas de forma inminente al menos otras 38 personas sobre las que pesa condena de muerte.
Muchos de estos reclusos fueron condenados tras juicios injustos en los que no tuvieron acceso a un abogado o a un proceso completo de apelación. Algunos han sido declarados culpables de cargos por motivos políticos o se los sometió a tortura u otros malos tratos para que confesaran. En muchos casos a ambas cosas. Otros han sido condenados por “traición”, un delito que incumple el requisito establecido por el derecho internacional de que la pena capital sólo puede imponerse por delitos internacionales con consecuencias fatales.
Las condiciones de reclusión de los condenados a muerte son penosas y han empeorado desde las ejecuciones de la semana pasada debido al refuerzo de las medidas de seguridad, ya que todos los reclusos están sometidos a aislamiento en la práctica.
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