El 14 de abril, Dina Meza, periodista y defensora de los derechos humanos hondureña, recibió tres llamadas en su teléfono móvil, por la mañana y por la tarde, realizadas todas desde el mismo número. Quien llamaba no dijo nada en ninguna de ellas. A la cuarta llamada de ese día, una voz de hombre le preguntó: "¿Qué hay de nuevo? y acto seguido colgó. Dina llamó al número del que procedían las llamada misteriosas y preguntó al hombre quién era y qué quería. La misma voz de antes le dijo que se llamaba Miguel y que había marcado un número equivocado, pero casi al concluir le dijo: "Cuídese la pipa", en referencia al órgano sexual femenino. Una semana antes, mientras paseaba en su barrio con sus hijos, Diuna se percató de que dos hombres les estaban haciendo fotos.
No era la primera vez que gente extraña se inmiscuía en su vida. El 22 de febrero pasado, Dina recibió dos mensajes de texto con amenazas en las que se hacía referencia a la violencia sexual. El primero decía: "Les vamos a quemar con cal la pipa hasta que griten y luego toda la cuadrilla va a gozar. CAM". Y el segundo: "Van a terminar como los del aguan muertos no hay nada más rico que coger a unas zorras". CAM es el acrónimo del Comando Álvarez Martínez, seudónimo que se emplea en amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas tras el golpe de estado de 2009.
Dina Meza es activista por los derechos humanos en el Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (COFADEH), una destaca organización hondureña de derechos humanos y colaboradora habitual de la página web Rebelión.org. Su trabajo está relacionado con los conflictos sobre tierras de la fregión hondureña del Bajo Aguán, que es escenario de una serie de conflictos de tierras entre comunidades campesinas y diversas empresas y terratenientes locales. Estos conflictos han estallado en violentos enfrentamientos. En marzo, Dina participó en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washintong DC donde denunció la situación de los derechos humanos en el marco legal de Honduras.
El seudónimo "Comando Álvarez Martínez" (CAM) comenzó a emplearse en amenazas contra los defensores de derechos humanos y periodistas tras el golpe de Estado de 2009. Álvarez Martínez fue general de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, período durante el que se cometieron graves abusos contra los derechos humanos, y los grupos locales de derechos humanos le relacionan con escuadrones de la muerte paramilitares que actuaron durante esos años.
En 2007, Dina Meza recibió el Premio Especial de Periodismo de Derechos Humanos en Peligro de Amnistía Internacional Reino unido por su labor en el sitio web Revistazo de investigación a varias empresas privadas de seguridad por infracciones de los derechos laborales, trabajo que realizó a pesar del acoso y la intimidación que sufría.
En 2006, tanto ella como otros colegas de la publicación y su editora, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), fueron vítimas de una campaña de acoso e intimidación por investigar a dichas empresas de seguridad. Dionisio Díaz García, abogado de la ASJ, fue asesinado a tiros en diciembre de aquel año, cuando se dirigía a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para preparar un caso relacionado del que se ocupaba la organización. La investigación y los juicios sobre su caso se desarrollaron desde 2007 a 2009 y desembocaron en la condena por asesinato de un exguarda de seguridad que había trabajado para la empresa de seguridad privada Delta y su subsidiraria Seguridad Técnica de Honduras SETECH y de un policía.
En los meses previos a su asesinato, Dinonisio Díaz García y Dina Meza habían sido seguido por automóviles sin placas de matrícula. Los hijos de dina fueron seguidos hasta su casa desde la escuela, y en el tablón de anuncios online de Revistazo.com aparecieron varios comentarios peyorativos sobre ella. No son los únicos. Tanto periodistas como defensores de los derechos humanos hondureños son víctimas de amenazas, ataques y homicidios a causa de su trabajo y de las denuncias de violaciones de derechos humanos.
En enero de 2012, la periodista Gilda Silvestrucci recibió varias amenazas de muerte por vía telefónica. En febrero, Wilfredo Paz y Juan Chinchilla, dos activistas que luchan por los derechos sobre las tierras de los campesinos en el contexto de los conflictos sobre la propiedad de las tierras de la región del Bajo Aguán, recibieron una amenaza de muerte en un mensaje de texto. Y en marzo, la periodista Mavis Ethel Cruz recibió otra amenza de muerte vía teléfono.
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