María Servini, la jueza federal argentina que instruye la causa contra los crímenes por genocidio cometidos por la dictadura franquista, ha incorporado al exhorto que ha remitido por vía diplomática al gobierno de España para recabar información dos de los casos en los ha trabajado el Grupo de Trabajo para la Memoria Histórica y Social de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A).
El primero de ellos, dirigido directamente al gobierno central, solicita que se recabe información en el organismo competente sobre las empresas beneficiarias del trabajo esclavo. El otro debe ser remitido al Ayuntamiento de Córdoba para aclarar el caso de los diputados Luis Dorado Duque y Antonio Acuña Carballar.
El grupo de trabajo ha enviado a la jueza toda la información de la que dispone en ambos casos y está pendiente de que el Comité Confederal de la organización decida personarse en la causa abierta en la República Argentina, ya que es la organización la que tiene entidad jurídica para hacerlo. Fuentes del sindicato aseguran que la decisión está prácticamente tomada, a falta de hacerse pública oficialmente.
En el caso de Luis Dorado Luque, la familia ha contado con el apoyo, además del grupo de trabajo, del Sindicato de la Enseñanza de Málaga. Este caso se ha unido al de otro diputado asesinado junto al parlamentario malagueño, Antonio Acuña Carballar. La jueza requiere al gobierno para que exhorte al Ayuntamiento de Córdoba a que remita “la documentación obrante en los Archivo Municipales sobre el Cementerio de la Salud de Córdoba, planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás información sobre la ubicación de la denominada Zanja Z. Caja B”.
Igualmente requiere a la Prisión Provincial de Córdoba para que “localice y envíe los expedientes obrantes en la misma” relativos a ambos diputados y al Ministerio de Justicia para que “remita los expedientes judiciales referidos a los nombrados”.
Este caso es especialmente significativo porque durante muchos años el Ayuntamiento de Córdoba estuvo en manos de Izquierda Unida sin que la entonces alcaldesa Rosa Aguilar, ni después su sustituto, prestaran colaboración a los familiares para tratar de recuperar los restos. Además fue uno de los primeros casos presentados ante el ya inhabilitado juez Garzón, después de que los juzgados y la audiencia territorial decidieran archivar todas las causas iniciadas por la familia con el apoyo del Sindicato de Enseñanza de la CGT de Málaga.
En el mismo exhorto, la jueza solicita al gobierno español “la lista de empresas privadas beneficiarias del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas” y que está guardada, en opinión de la juez, en el Archivo General de Cuentas del Estado Español. En el caso del franquismo y el trabajo esclavo (pdf), el grupo de trabajo de la organización sindical ha aportado la numerosa documentación que dispone, entre ella el estudio “Canal de los presos en el Bajo Guadalquivir”.
Según sus datos, en 1939 eran cerca de 70.000 los presos que estaban a disposición de quienes los demandaran. La cifra fue en aumento con el transcurso de los años, alcanzando los cien mil a comienzo de la década de los cuarenta y cercanos al medio millón a mediados de la misma.
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