El gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido acaba de traspasar la sinuosa línea fronteriza de la primera cuarentena al frente del poder. Cuarenta y dos días ejerciendo el mando en una ciudad que todavía no ha asimilado las expectativas levantadas tras su sentencia en las urnas al otorgar la insólita cantidad de 20 concejales al Partido Popular.
Las mayorías absolutas aplastantes son a menudo tan difíciles de gestionar como las modestas mayorías simples. La promesa obligada tras una victoria tan incuestionable de gobernar para todos se convierte en una losa que te puede llevar al incumplimiento y a la consiguiente decepción en buena parte de quienes te confiaron el voto.
En esta primera cuarentena, a Juan Ignacio Zoido le han salido tres frentes abiertos de par en par cuya resolución está generando un intenso debate en la ciudadanía. Tres frentes que, por su actualidad y calado, ocupan las primeras planas de los medios y las más enfervorecidas discusiones sobre la ciudad en los diferentes foros, desde la red hasta las conversaciones a pie de barra. Esas tres trincheras son la salud de las cuentas del Ayuntamiento, la derogación del Plan Centro y las modificaciones del PGOU.
El estado de las arcas municipales
Como ya advirtió el propio Zoido, las sorpresas tras los primeros arqueos no se han hecho esperar. A la patética realidad de la deuda que acumula el consistorio y los entes que de él dependen, hay que sumar ahora los diferentes impagos y sobrecostes que han ido apareciendo a medida que los nuevos gestores han ido levantando las alfombras.
Delegaciones como Urbanismo, con 21 millones de euros en impagos, Cultura, Movilidad, con sus obras interminables como el paso soterrado de Bueno Monreal o los trabajos de la comisaría y el parque de Ranilla, y Parques y Jardines, ya han aireado parte de sus números rojos. En total, y si la suma no me falla, estamos hablando de algo más de 30 millones de euros no previstos. Y todavía están pendientes las prometidas auditorías en las empresas municipales y entes autónomos del Ayuntamiento.
El acoso y derribo del Plan Centro
Fue la primera medida que Zoido prometió que tomaría cuando fuese alcalde de la ciudad durante la campaña electoral. Es, por lo tanto y legítimamente, un compromiso electoral adquirido de primer orden. Sin embargo, la pretendida unanimidad ciudadana sobre la restricción del tráfico privado al casco histórico de la ciudad al final no ha sido tal. Las fuerzas entre partidarios y opositores están bastante divididas y se ha instaurado una especie de confrontación dialéctica difundida a través de los medios de comunicación sobre la conveniencia o inconveniencia de tumbar el polémico plan. Numerosos colectivos, desde entidades vecinales, asociaciones de comerciantes, ecologistas, taxistas, asociaciones de peatones y de ciclistas han manifestado públicamente sus respectivos posicionamientos tanto a favor como en contra. La derogación está cantada, pero Zoido tendrá que lidiar con una opinión pública divida al respecto. Incluso el movimiento 15M se manifestará en Plaza Nueva el próximo miércoles en contra de la derogación.
El problema inmediato, como en toda decisión trascendente, es el día después, cuando toca presentar la alternativa. Que el casco histórico de Sevilla necesita la implantación de medida que protejan su incalculable valor monumental es algo que no cuestiona nadie en la ciudad. El problema radica en dar con la medida que tenga las suficientes dosis de equilibrio para satisfacer las aspiraciones de todos, a veces incluso radicalmente contradictorias.
Debería imponerse lo mejor para la ciudad, pero en un debate con tantos intereses contrapuestos es lo más improbable que ocurra. Sevilla como ciudad necesita un casco histórico saludable, sostenible y con medidas efectivas de conservación y mejora de sus infraestructuras. Buena parte de la economía de esta ciudad descansa sobre dichos pilares. Lo más difícil en este tipo de polémicas es buscar el diálogo y el consenso. Ya fue el error cometido por la corporación anterior y puede ser el de la actual si no se toman las riendas del asunto con una perspectiva diferente.
Zoido ha anunciado que las contraprestaciones a la derogación llegarán en septiembre con el mantenimiento de algunas restricciones, el históricamente deseado incremento de los aparcamientos rotatorios en las cercanías del casco histórico, el aumento y de líneas de autobuses y la disminución de sus frecuencias de paso, así como la puesta en marcha de una red de microbuses eléctricos que den servicio al centro.
En la actualidad, Tussam sólo cuenta con cuatro microbuses de estas características y de muy poca capacidad. El alcalde no ha explicado cómo se articularía esa red de microbuses eléctricos que palíen las necesidades de movilidad en el casco histórico de la ciudad. Como tampoco ha aclarado por qué razón los ciudadanos hemos de creernos que quien ha estado al frente de la empresa durante los últimos siete años y ha sido incapaz de articular una alternativa válida para solucionar el problema lo vaya a hacer ahora de forma milagrosa.
Las modificaciones del PGOU
Con el PGOU, Zoido corre el peligro de abrir la caja de Pandora con unas consecuencias imprevisibles y todo bajo la siempre maleable excusa de crear empleo en la ciudad. Su promesa inicial de resolver el problema del segundo centro de IKEA en la ciudad durante el mes de julio está aún por ver si se cumple o no.
El equipo de gobierno anuncia que se trata de “modificaciones puntuales” de la ley que rige el urbanismo en Sevilla, pero tanto los partidos de la oposición como algunos colectivos ya han alertado de que en realidad son recalificaciones con el consiguiente peligro de pelotazos urbanísticos que nos recuerdan tiempos pasados bastante nefastos por sus consecuencias.
El anuncio de la revisión del plan para satisfacer las exigencias de la multinacional sueca ha disparado el número de peticiones y amenaza con formar una cola tan grande como la del INEM en los tiempos que corren. La multinacional Altadis, propietaria de las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos en Los Remedios, la patronal de la construcción (GAESCO), los dos clubes de fútbol de la ciudad, Isla Mágica y el Hotel Barceló no han tardado en apuntarse a la apertura de la veda y han reclamado recalificaciones para sus proyectos alegando diferentes motivos.
Independientemente del uso y abuso del eufemismo a la hora de denominar el asunto, el debate se centra en la conveniencia o no de convertir en legal mediante una modificación algo que hasta ahora es ilegal. La sacrosanta exigencia de crear empleo en un ciudad en la que el paro se ceba especialmente es imperante, pero también lo es el otorgar las máximas facilidades para su creación sin que ello suponga el quebrantamiento de la ley.
El alcalde ha afirmado que no está dispuesto a consentir pelotazos urbanísticos. Si además es capaz de conseguir el mismo consenso que parió al PGOU y se crean los empleos prometidos habrá logrado una pirueta política francamente difícil en los tiempos que corren. Tal vez el prometido, publicitado y hasta ahora pendiente Pacto por Sevilla sea el marco adecuado para conseguir el milagro.
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