Tsigab Angosom, Mussie Ghebremedhin, Bisrat Keleta, Semere Sahlezghi, Efrem Kiflu, Zeria Gebre y Habtu Kiflay son los nombres de siete refugiados eritreos que han solicitado asilo en Kenia. Se encuentran detenidos en el aeropuerto internacional keniano Jomo Kenyatta, en Nairobi, la capital del país y se les ha negado el derecho a solicitar asilo y les han informado de que su expulsión es inminente. Según Amnistía Internacional, si son devueltos corren peligro de ser detenidos arbitrariamente y sufrir torturas.
Los siete llegaron al aeropuerto desde sitios diferente y en distintos momentos desde comienzos de julio. Todos solicitaron asilo a su llegada, pero el servicio de inmigración se ha negado. Alega que llegaron a Kenia procedentes de otros países y no directamente desde Eritrea. Dos de ellos ya habían sido reconocidas con anterioridad como refugiados en otros países.
El pasado día 16, las autoridades del servicio de inmigración del aeropuerto decidieron expulsar al grupo, pero los ciudadanos eritreos evitaron la expulsión enfrentándose a gritos y forcejeando con los funcionarios. Al día siguiente fueron trasladados a una zona de tránsito del aeropuerto y les dijeron que serían expulsados de forma inminente. Bisrt Keleta, la única mujer del grupo, está retenida en una zona separada del resto de sus compañeros.
Las personas solicitantes de asilo devueltas a Eritrea son automáticamente sometidas a violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos. Uno de los hombres del grupo, Tsigab Angosom, ya había sido anteriormente expulsado a Eritrea desde Sudán. Fue entregado a las autoridades eritreas en 2007, e inmediatamente lo detuvieron. Permaneció detenido durante nueve meses, hasta que escapó y huyó de nuevo del país. Fue torturado bajo custodia, y sus experiencias ilustran los riesgos a los que se enfrenta el grupo si es devuelto a Eritrea.
Las autoridades eritreas consideran un acto de traición el hecho de solicitar asilo, lo que significa que todas las personas solicitantes de asilo que son devueltas al país están expuestas a detenciones por este motivo. El riesgo de ser sometidos a tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios es muy alto a causa del historial de graves violaciones de derechos humanos que existe en Eritrea.
Los detenidos tienen motivos diferentes para no haber solicitado asilo anteriormente o haber abandonado el país donde tenían la condición de refugiados. Dos personas del grupo están reconocidas como refugiadas; otras dos han contado a Amnistía Internacional que les habían concedido la condición de refugiados en Etiopía, pero que habían perdido los documentos acreditativos; y dos, que vivían anteriormente en Sudán, han dicho que sentían demasiado miedo como para solicitar asilo en el campamento de refugiados de Shegerab en Sudán, porque la situación de seguridad en el asentamiento es precaria y está muy próximo a la frontera con Eritrea. Muchos ciudadanos eritreos sienten gran preocupación ante las escasas condiciones de seguridad en Sudán.
El grupo ha indicado a las autoridades kenianas que desea solicitar asilo en el país, lo cual es un derecho reconocido por el derecho internacional. No haber solicitado asilo anteriormente en otro país no niega el derecho a hacerlo en Kenia, según lo estipulado por el derecho internacional sobre refugiados. No se ha permitido que el grupo de ciudadanos eritreos tuviese acceso a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ni al Departamento keniano de Asuntos sobre Refugiados para que sus solicitudes fuesen estudiadas. El 17 de julio, los representantes de una organización keniana de asistencia letrada gratuita pudieron reunirse con ellos.
La expulsión de un refugiado, o de una persona cuya solicitud de asilo todavía no se ha resuelto, a su país de origen representa una violación de las obligaciones asumidas por Kenia en virtud de la Convención de 1951. De acuerdo con estas obligaciones, las autoridades deben anular la orden de expulsión de los refugiados reconocidos y deben posponer cualquier decisión sobre el resto del grupo hasta que las solicitudes de asilo de cada uno de ellos hayan sido debidamente estudiadas.
Miles de personas son detenidas en régimen de incomunicación en Eritrea, de forma secreta e indefinida, sin cargos ni juicio. El motivo es la presunta oposición al régimen, las practicas de creencias religiosas como feligreses de iglesias evangélicas o de otro tipo prohibidas, el eludir el servicio militar obligatorio o por intentar huir del país. Las pésimas condiciones de detención en Eritrea representan, en sí mismas, un trato cruel, inhumano o degradante. Quienes pertenecen a grupos religiosos no oficiales, así como quienes han eludido el servicio militar obligatorio o lo han abandonado, se encuentran especialmente en riesgo si son devueltos a Eritrea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario