La Junta comienza a recular en los ERE

La Junta de Andalucía comienza a recular con suavidad en el asunto de los ERE fraudulentos. Lo que al principio se consideró como un producto del clima político en el que está inmersa Andalucía y de una instrucción judicial catalogada como “un tanto parcial”, ha sufrido un giro radical en los últimos días con la imputación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández.

Casi todos dan ya por sentado que dicha imputación es el preludio necesario para una posterior actuación sobre una pieza con mayor peso político, lo que supondría entregar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o al Tribunal Supremo. La juez Alaya está obligada a hilar fino antes de que eso ocurra.

Las declaraciones ante la policía judicial del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, apuntando a que los consejeros estaban al corriente de sus actuaciones con lo que él mismo denominó como “fondo de reptiles” han cogido a todos fuera de juego. Nadie se lo esperaba, ni tampoco la forma en la que ha sucedido.

No deja de sorprender el hecho de que la abogada de Guerrero denuncie coacciones y amenazas por parte de la policía y su cliente acepte prestar declaración y consienta la asistencia jurídica de un abogado de oficio. Hay algo ahí que no cuadra. Sobre todo porque la situación personal que atraviesa no es la más idónea y ahora mismo está más que perdido y abandonado por todos.

Esto causa cierto nerviosismo, porque algunos incluso consideran más que probable el hecho de que Guerrero haya llegado a algún tipo de acuerdo con la juez, que atenúe su posible condena a cambio de colaborar con la investigación. En su situación, dan por seguro que es capaz de agarrarse a cualquier cosa. La única esperanza entonces es que la condena cree menos alarma de la que se ha producido durante la instrucción. Cosa poco probable.

En las declaraciones efectuadas ayer por la portavoz del ejecutivo andaluz; Mar Moreno, puede atisbarse esa sutil maniobra de repliegue de la Junta. Hasta entonces, la frontera insalvable de las responsabilidades políticas y penales del caso se colocaba inamovible en la dirección general y en los “cuatro sinvergüenzas” que se habían aprovechado del dinero público.

Sin embargo, ayer Mar Moreno reconocía que “la responsabilidad principal del caso, no sabemos si la única, está en la dirección general”. Esa leve pero relevante matización hace suponer que no descartan que pueda haber nuevas responsabilidades aparte de las ya fijadas de antemano. Más adelante, cuando se le preguntó si temían que se produjera la imputación del consejero que precedió en el cargo a Fernández, José Antonio Viera, tampoco quiso entrar al trapo; “nuestras expectativas penales a día de hoy están aquí”, se limitó a contestar. Viera es la pieza más cotizada, de la cuesta más trabajo desprenderse.

Pero hay más días, por supuesto, y la investigación sigue su curso de manera imparable. Tantos que a algunos comienzan a hacérseles interminables, porque mientras que se producen o no los nuevos acontecimientos, la tenaza de la oposición se hace cada vez más asfixiante.

El escándalo ha tomado ya dimensiones nacionales y se ha convertido de la noche en la mañana en un dolor de cabeza permanente para el gobierno de la nación. Y por mucha defensa numantina que se practique, la bomba amenaza con estallar en las mismas puertas de unas elecciones que se han calificado como decisivas y con unos augurios de las encuestas catastróficos.