Parece que está meridianamente claro que aparecer en un vídeo, con idílico trampantojo marbellí a las espaldas, acusando al gobierno de utilizar los mecanismos de la lucha antiterrorista para efectuar escuchas ilegales a los militantes del partido popular es, cuanto menos, un caso flagrante de injurias, por cuanto imputa la comisión de un delito y probablemente con descarado menosprecio a la verdad, ya que no se aporta prueba alguna que lo confirme.
Pero además, hacer uso de semejante licencia con el único pretexto de sacar rédito político en su propio beneficio y eludir las cuentas que uno tiene que rendir ante la justicia, amén de una desvergüenza desmesurada, es una falta de respeto imperdonable a la ciudadanía.
Sin embargo, la acción de un grupo de internautas cercanos al partido político víctima de tales mentiras insidiosas ha conseguido que su autora se vea obligada a acudir ante un juez a ratificar o rectificar tales acusaciones.
Es demasiado triste, por otra parte, que tengan que ser los propios ciudadanos quienes recurran ante la justicia para reparar tales agravios a la democracia. ¿Para qué están entonces los estratosféricos aparatos de los partidos políticos y sus ingentes medios? ¿Acaso hay algo más demócrata que defender la esencia de la democracia para que continúe sin mácula?
La defensa numantina del Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales de Internet ante el intento del gobierno de cerrar páginas web sin autorización judicial, o el reciente apoyo masivo de la red a la petición de liberación del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, tras su detención durante veinte días en el Guantánamo danés por efectuar una protesta pacífica, son sólo dos ejemplos más de que, afortunadamente, hoy en día la ciudadanía está más viva que nunca en la red.
Los partidos políticos deberían tomar buena nota de ello y ajustarse los machos. Por el bien de la democracia y el suyo propio.
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