La defensa de los derechos humanos en México se paga con la vida

Mariano Abarca Roblero era un defensor de los derechos humanos, miembro destacado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El 27 de noviembre pasado, Mariano estaba de pie ante su casa del municipio de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, conversando con un vecino y compañero del REMA, cuando un tipo que viajaba a lomos de una motocicleta realizó tres disparos que acabaron con su vida e hirieron a su compañero.

Días antes de su muerte, Mariano había presentado una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación con una amenaza de muerte que había recibido en agosto. En la denuncia figura que había sido amenazado con “quebrar[le] la madre a plomazos” por encabezar las protestas. La Procuraduría ha abierto una investigación sobre el asesinato y parece que ya ha detenido a los presuntos autores del asesinato.
Mariano y otros activistas del REMA habían protagonizado una protesta en junio, en la que cortaron una carretera y bloquearon el acceso a una mina para denunciar por las operaciones de una empresa minera en la zona que, en su opinión, están contaminando y dañando el medio ambiente.
Mariano fue detenido por agentes de la policía estatal de Chiapas sin explicación ni orden judicial. Estuvo recluido en detención preventiva por su participación en las protestas y fue puesto en libertad incondicional el 25 de agosto porque no había pruebas de que la protesta en la que participaba fuera violenta o amenazara el orden público.

Los defensores de los derechos humanos en México sufren permanentemente amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o promover el respeto por los Derechos Humanos. Aunque el gobierno ha prometido proporcionar las medidas de protección que ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos activistas han denunciado que no se ha proporcionado protección efectiva. Tampoco se hacen esfuerzos para investigar los casos de abusos, sino que la impunidad es habitual y siempre deja abierta la puerta a nuevos ataques.

Otro ecologista que protestaba contra una empresa minera en el estado de Guerrero murió por disparos el pasado mes de septiembre.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y obliga a los Estados a garantizar que pueden llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.