Los papeles de Antonio del Castillo

Hay artículos que necesariamente han de escribirse desde el dolor y la impotencia, pero nunca desde la desesperación y siempre desde el más absoluto respeto. Desgraciadamente éste es uno de ellos.

Antonio del Castillo, el padre de la malograda Marta del Castillo, ha manifestado a la prensa que no quiere hablar porque va “a perder los papeles».

Pero el caso es que habla y que no ha habido una ocasión de las que yo haya escuchado sus declaraciones ante los medios de comunicación en que este hombre no haya perdido los papeles.

Se comprende el dolor y la desesperación de un padre por la trágica desaparición de su hija. Lo que no se comprende tanto, ni mucho menos se comparte, es ese afán martirizador de los medios en ponerle una alcachofa delante para que efectúe declaraciones a un hombre roto por un suceso que es capaz de sobrepasar a cualquiera.

Ya ocurrió cuando se apropió de la voz del pueblo declarando que lo que éste demandaba “es la palabra cadena perpetua en el Código Penal”. Y ha vuelto a suceder ahora, cuando la desesperación de una larga búsqueda sin resultado alguno lo ha desbordado con toda su crueldad, porque ahora ha vuelto a arremeter contra los únicos que pueden ayudarle.

Antonio del Castillo va a más y ya hasta pide dimisiones en la Administración, a pesar del extraordinario despliegue de medios efectuado, con la consiguiente carga para el bolsillo del ciudadano que conlleva. Porque quizá, dado el cariz de irracionalidad que está tomando este turbio asunto, la única terapia que a estas alturas es capaz de surtir efecto y aplacar la desesperanza es convencerse de que la culpable de todo es la Administración y, por extensión, la sociedad entera. Hasta tal punto llega el dolor a despegarnos en circunstancias extremas de lo que dicta el sentido común.

Asegura que “tiene delito que no sean capaces de hacer hablar a estos individuos” y se queja de que “no le arrancan la verdad de una vez”. Y no, Antonio, se trata precisamente de todo lo contrario, por muy doloroso que resulte.

Se trata de no cometer un delito aún peor. Porque el Estado democrático garantiza unos derechos fundamentales hasta a aquellos que son los primeros en saltárselo a la torera y despreciarlo, así es la democracia. Es el precio que se ha de pagar para ser más libres y yo, particularmente, lo pago con gusto. Aunque comprenda y me solidarice con su dolor y con la angustia que está pasando. Pero esa línea hay que respetarla, porque es la que nos separa de ser como ellos.

Lo que habría que preguntarles a quienes son objetivo de estos ataques esporádicos que su desesperación le empuja a lanzar es cuántas veces no se habrá visto su trabajo obstaculizado por la inoportunidad de sus palabras. Igual nos llevaríamos una sorpresa si, en vez de guardar la prudencia y la comprensión mostrada hasta ahora, hubiesen decidido contestar a esa pregunta sin que nadie se la hubiese formulado.

Ya sé que no es fácil, pero pocas cosas pueden venir mejor para la resolución definitiva de este bárbaro desaguisado que mantener el sosiego y confiar en la justicia.