Las penas no son la única solución

Leo un interesante artículo de Cristina Abad Cadenas en Aciprensa sobre las consecuencias que está teniendo el asesinato de Marta del Castillo.

La autora expone dos citas de expertos de reconocido prestigio que reproduzco aquí, porque son de las pocas cosas que se dicen con sentido común y que pasan casi desapercibidas entre el exagerado ruido mediático que se está produciendo.

“Se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide”.

Julián Ríos, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas.

“Las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales”. “Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento. A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal”.

Octavio García Pérez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal.

Cristina finaliza el artículo con una aseveración no exenta de lógica y razonamiento cuando escribe:

“Las carencias educativas tienen costes sociales. Más que castigar con mayores penas el mal uso de la libertad que hemos generado, deberíamos ir pensando que es más útil -más trabajoso también–, formar en la libertad responsable. Quizá consigamos, de paso, ser todos más felices”.

Y es que, si algo ha puesto de manifiesto este suceso es que continuamos padeciendo un mal endémico de la sociedad española desde el inicio de los tiempos; la educación. Algo en lo que jamás nos hemos sido capaz de ponernos de acuerdo los españoles.

Hemos pasado de entregar incondicionalmente la educación de nuestros hijos a la iglesia y sus instituciones afines a hacerlo al Estado, en cumplimiento de su responsabilidad constitucional. Pero quizás nos hemos olvidado de la base fundamental de todo el sistema educacional, los padres, en los que se ha venido desarrollando una progresiva dejadez de funciones que roza la irresponsabilidad.

No somos capaces de consensuar el rango de valores que debe imperar en la educación de nuestros hijos desde la clase política que nos representa, pero tampoco nos esforzamos un ápice en trasladar los nuestros como padres, aún a riesgo de estar equivocados.

No se trata sólo de incluir o no la religión o Educación para la Ciudadanía en el currículum escolar, sino de transmitir de una manera clara e innegable la base mínima y necesaria para la convivencia en la libertad y en el respeto en la que deberíamos estar de acuerdo todos los ciudadanos de este país.

Esto es lo más difícil, como bien dice Cristina, lo fácil es pedir cadena perpetua y que se cambie la Constitución.