La convocatoria sin eco de Reporteros Sin Fronteras

Reporteros Sin Fronteras (RSF) convocó el pasado 12 de marzo una cibermanifestación en Internet para denunciar la censura en la web. La protesta consistía en la exhibición de un slogan en los nueve países donde existen mayores medidas de censura en Internet, impuestas por sus correspondientes gobiernos. Los internautas se pudieron crear avatares, elegir el mensaje de su pancarta virtual y tomar parte en las concentraciones cibernéticas.

Los países particularmente represivos son Birmania, China, Corea del Norte, Egipto, Eritrea, Túnez, Turkmenistán y Vietnam, y están incluidos en una lista elaborada por la ONG, con el nombre “Enemigos de Internet”, que abarca seis países más. El telón de fondo de la acción era el hecho de que al menos 62 ciberdisidentes en el mundo están encarcelados y el cierre durante el pasado 2007 de más de 2.600 sitios de Internet, blogs o foros de discusión.
En principio, la cibermanifestación iba a estar patrocinada por la UNESCO. El 11 de marzo por la noche, la organización dependiente de la ONU hizo saber a RSF que retiraba su patrocinio al Día de la Libertad en Internet. El Director de la Libertad de Expresión, la democracia y la paz de la ONU hizo saber a Reporteros Sin Fronteras que, aunque está de acuerdo en patrocinar “el principio que inspira este día”, no quiere verse asociada a las diferentes manifestaciones organizadas para la ocasión.
A la conclusión de la protesta, Reporteros Sin Fronteras contabilizó 21.843 internautas que se manifestaron en su sitio web, www.rsf.org, y 100.000 visitas durante el día. Estas cifras, un tanto pírricas dada la trascendencia de la reivindicación y la vocación de convocatoria que ha demostrado Internet, están lejos de conseguir bloquear servidores y colapsar el tráfico de la red. Y me extraña sobremanera, porque si algún hábitat natural existe para la libertad de expresión, ése es Internet. Sin embargo, las propias voces de la red demuestran a las claras que esa falta de entusiasmo cibernauta no es por casualidad.
Una voz de denuncia que levanta sospechas
La labor que viene realizando la ONG francesa, así como sus fuentes de financiación, es muy cuestionada por diferentes colectivos en la red y por bastantes profesionales del periodismo.
Periodistas como el canadiense Jean-Guy Allard, la estadounidense Diana Barahona o el francés Salim Lamrani no han dudado en denunciar reiteradamente que Reporteros Sin Fronteras es una organización sostenida económica y políticamente por los mayores depredadores de la libertad de información en el mundo.
Además de las subvenciones que recibe el gobierno francés, la ONG ingresa cuantiosos fondos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, de sus siglas en inglés), un fondo privado cuyos recursos son aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y administrados por el Departamento de Estado. La NED, de la que se sospecha que es una tapadera civil de la CIA, se dedica a “promover la democracia” al estilo norteamericano por todo el planeta.
Los periodistas insisten en que esta financiación norteamericana influye en sus políticas de denuncia y vigilancia de la libertad de prensa, consiguiendo que se ignoren las violaciones al derecho de información que no son del Interés de los Estados Unidos y que se cuestione la credibilidad de sus informes.
También circulan informaciones que vinculan parte de su financiación a fabricantes de armamento en Francia como Serge Dassault o el desaparecido vendedor de misiles Jean-Guy Lagardére.
A la ONG se le reprochan actuaciones más que dudosas, como la producida en lo referente al ataque al Hotel Palestina en Iraq por parte de las tropas norteamericanas, donde murieron dos periodistas, uno de ellos el cámara de Telecinco José Couso. La actuación de Reporteros sin fronteras en este caso provocó que la familia de José Couso la repudiara públicamente por salvar la cara a sus asesinos.
En su informe de 2004, RSF defendía que el derrocamiento de Hussein “abrió una nueva era de libertad… para los periodistas iraquíes”. Sin embargo, el International News Safety Institute (INSI) informaba que habían muerto 44 periodistas iraquíes y personal de apoyo mientras cubrían el conflicto. De la misma manera, RSF afirmó en dicho informe que el bombardeo al Ministerio de Información (un crimen de guerra bajo la Convención de Ginebra) puso término a “décadas de cero libertad de prensa”, mientras el informe del INSI detallaba en 11 páginas la lista de periodistas muertos, heridos, desparecidos y encarcelados. También le reprochan a Reporteros sin fronteras el haber blanqueado en su informe la matanza por fuerzas de los Estados Unidos de cinco periodistas extranjeros y los ataques de misil a las cadenas de televisión Al Jazeera y Abu Dhabi TV.
Sus informes sobre el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide por fuerzas franco-estadounidenses también son muy cuestionados y acusados de parcialidad intencionada. También sus silencios en casos como el del periodista sudanés de Al Jazeera Sami al Hajj, encerrado durante tres años en Guantánamo o el rechazo a acciones defensa de periodistas como el afroamericano Mumia Abu Jamal, en el corredor de la muerte en Estados Unidos desde 1982.
En Chile, el periodista mapuche Pedro Cayuqueo fue detenido por la policía de Carabineros en las puertas de la Universidad La Frontera de Temuco mientras vendía a los estudiantes su periódico Azkintuwe, que fue secuestrado y de cuyos ejemplares nunca jamás se supo. Reporteros sin fronteras le negó su apoyo aduciendo que no era un problema de naturaleza periodística. En Venezuela también fue muy cuestionada su actuación y alineación inquebrantable al lado de los medios privados contra el autoritarismo de Chávez, medios sobre los que pesan fundamentadas sospechas de incitar activamente a un golpe militar en 2002 contra el gobierno legítimo de la nación.
Con semejante coro de voces en contra de sus más que discutibles actuaciones, no es de extrañar que sus convocatorias no obtengan el eco que sería de desear y que su credibilidad esté más que cuestionada, sobre todo al tratarse de algo tan trascendental como es la defensa de un derecho fundamental como la libertad de prensa.