Wang Yang, ciudadano chino, puede ser ejecutado en el transcurso de una semana si el Tribunal Supremo Popular de China confirma su sentencia de muerte. Su caso ya se ha visto en nueve ocasiones en diferentes tribunales desde 2003, la primera vez que fue condenado. En China no existe petición de indulto para los presos condenados que han agotado la vía judicial.
Yang fue condenado en 2003 por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xinxiang, en el oeste de China, por “recaudar fondos fraudulentamente”, “préstamos fraudulentos” y “escapar de la detención”. Su abogado denunció entonces que el juicio había sido injusto.
Según el veredicto que lo condenó, Wang recaudó unos 253 millones de yuanes (37 millones de dólares) prometiendo elevados tipos de interés por los fondos invertidos en las “cooperativas” propiedad de sus empresas y una sucursal de un banco semigubernamental. Luego desviaba los fondos a las cuentas bancarias de sus empresas para pagar gastos personales.
El tribunal de apelación estimó que había demasiados cabos sueltos y remitió la causa al primer tribunal para un nuevo juicio, en el que se volvió a dictar sentencia de muerte, que esta vez fue confirmada por el tribunal de apelación.
En una revisión posterior del Supremo, éste ordenó que se realizara un nuevo juicio por falta de pruebas suficientes. El tribunal de primera instancia volvió a dictar una tercera sentencia de muerte y de nuevo el de apelación volvió a ordenar un nuevo juicio.
La cuarta vez que el tribunal de primera instancia dictó sentencia volvió a ser de muerte y, en esta ocasión, el de apelación la confirmó. Ahora el Tribunal Supremo Popular está revisando la causa de nuevo y se espera su resolución.
La familia de Wang Yang ha manifestado que, a pesar de todos los juicios y vistas, no se ha vuelto a investigar el asunto en ninguna ocasión, sino que se han limitado a presentar las mismas pruebas, lo que hace inexplicables los diferentes veredivtos que se han dado.
En China, medios de comunicación y voces críticas han cuestionado la inconsistencia con que se aplica la pena de muerte en delitos económicos. Du Yimin, empresaria ejecutada el 5 de agosto de 2009, también fue declarada culpable de “recaudación de fondos fraudulenta” por valor de 700 millones de yuanes (102 millones de dólares). El día antes de ser condenada a muerte, un funcionario que desvió 15,8 mil millones de yuanes de fondos públicos para pagar sus gastos personales fue condenado a prisión.
Existen aproximadamente 68 delitos punibles con la muerte en China, varios de ellos no violentos, y se ejecuta al año a más personas que en cualquier otro país del mundo. Amnistía Internacional calculó que durante 2008 China llevó a cabo al menos 1.718 ejecuciones, y condenó a muerte a 7.003 personas. Estas cifras son conservadoras y sin duda las reales son mucho más elevadas.
La Dui Hua Foundation, ONG radicada en Estados Unidos, calcula que en 2008 fueron ejecutadas entre 5.000 y 6.000 personas, y basa sus cálculos en cifras de funcionarios locales. Las estadísticas oficiales sobre condenas a muerte y ejecuciones se consideran secreto de Estado.
En enero de 2007 se restableció la revisión de todas las penas de muerte por el Tribunal Supremo Popular, que había sido suspendida en 1982. Ahora todas las condenas a muerte deben ser revisadas por el alto tribunal, que tiene la facultad de aprobarlas o remitir el caso a un tribunal inferior para un nuevo juicio.
Las autoridades chinas han informado de un descenso en las ejecuciones desde que el Supremo reanudó esta revisión. No obstante, continúa habiendo un gran hermetismo en torno a la aplicación de la pena capital. Sin acceso a esa información es imposible efectuar un análisis completo e informado de la evolución de la pena de muerte en China, ni decir si ha habido una reducción en su uso.
Ninguna persona condenada a muerte en China es juzgada con garantías de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. En muchas ocasiones se aceptan confesiones aunque el acusado haya dicho al tribunal que se obtuvieron bajo tortura. Además, el acusado debe demostrar su inocencia, en lugar de probarse su culpabilidad, y su acceso a la asistencia letrada es limitado.
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