Frente a las frecuentes actitudes paternalistas y proteccionistas en lo relativo al ejercicio de la prostitución, existe la posibilidad de que sea la elección responsable que adopta un ciudadano adulto en el ejercicio de su libertad. La misión del Estado en este caso será la de garantizar las necesidades estructurales y socioeconómicas que tal decisión conlleva, nunca penalizar o criminalizar la actividad.
La prostitución arrastra dos problemas paralelos y de difícil abordaje. Por un lado, están las repercusiones que conlleva sobre la seguridad individual de los ciudadanos, por la aparición de otras conductas delictivas que se mueven en su órbita. Por el otro, las condiciones de vida de las mujeres que están siendo prostituidas y que se encuentran en un estado de absoluta marginación y carentes de toda dignidad como personas. Sin obviar en ningún momento que, aquellas que caen en manos de las mafias, viven en un régimen de esclavitud permanente.
La mayoría de las sociedades modernas han tratado de abordar el problema de la prostitución desde diferentes puntos de vista y con actuaciones acordes a cada uno de ellos. Desde la postura prohibicionista de Estados Unidos, donde la prostitución no es más que un problema de orden público que se resuelve mediante la intervención policial, hasta la posición garantista que defiende que la industria del sexo ha de regularse con la misma normativa que cualquier otra actividad profesional. De este modo, la prostitución pasa a ser un trabajo como cualquier otro y se garantiza que la libertad del individuo queda salvaguardada también en el terreno sexual.
Entre ambos extremos quedaría la actitud regulacionista, como la holandesa, que reglamenta cómo ha de ejercerse la prostitución y se preocupa de controlarla sanitariamente y despenalizarla.
En el caso de España, se adopta una postura abolicionista. El Estado tolera la prostitución como mal menor y establece políticas sociales para redimir a las prostitutas e impedir que surjan nuevas.
Sin embargo, la realidad refleja que existe una total ausencia de homogeneidad en el tratamiento de la problemática de la prostitución en los diferentes lugares de la geografía española. Se da el caso de ayuntamientos que adoptan medidas que la enfocan como problema de orden público y otros que intentan regular su situación arbitrando medidas de apoyo y prevención para las prostitutas.
Los que es cierto es que en la mayoría de los casos no existe una política de intervención frente al fenómeno. Y si en algún lugar se ha puesto esto de manifiesto con especial claridad ha sido en Sevilla, donde se ha pasado de remitir el problema a la Delegación del Gobierno a crear una ordenanza reguladora que implica sanciones tanto para las prostitutas como para los clientes, amén de la instalación de las consabidas cámaras de video vigilancia.
Las actuaciones del Ayuntamiento en el ámbito de la prostitución en la ciudad vienen marcadas por dos objetivos concretos: paliar el daño que el ejercicio de la actividad ocasiona en las personas que la ejercen y prevenir en quienes aún no se han iniciado, especialmente las menores. Pero se trata de intervenciones puntuales sobre uno o varios de los aspectos que representa esta problemática, en ningún caso de un Plan Integral diseñado para hacerle frente.
Esto es así porque no existe el debate social y político necesario, ni campañas específicas de sensibilización social y de prevención del rechazo. No puede decirse que exista una verdadera conciencia social sobre el problema de la prostitución en Sevilla.
Ni siquiera se produce el tan necesario debate político sobre el fenómeno de la inmigración y el tráfico de personas, a pesar de que se sabe que el 80% de las prostitutas que ejercen en la ciudad son extranjeras y carecen de la documentación necesaria para poder acceder a los recursos sociales básicos.
Desde esta perspectiva, la ciudad debería de dotarse de una postura clara al respecto y un Plan Integral desde el que acometer las medidas y las respuestas necesarias para hacer frente de manera efectiva a la gravedad del problema.
El modelo de sociedad que se defienda es de vital importancia en este sentido. Si pretendemos ser una sociedad basada en el ejercicio de la libertad responsable, habrá que apostar con decisión por invertir recursos de manera preferente en la prevención, tratando de impedir en todo momento que nadie se vea obligado a ejercer la actividad en contra de su voluntad, en especial si son menores.
El reglamentar la situación actual será un mal menor en tanto en cuanto se consiga el estado ideal de que las prostitutas puedan gestionar responsablemente su libertad. Para ello conviene enfocar las acciones a desarrollar tanto desde el punto de vista asistencial (ayuda inmediata y urgente a las prostitutas que estén ejerciendo sin quererlo), como del social (remover las causas estructurales del problema e impulsar la educación hasta el mayor nivel posible en toda la población) y, por último, la vertiente legal para liberar las formas de intercambio sexual y que sean realizadas desde una opción autónoma y responsable, aboliendo la explotación y persiguiendo a las mafias.
Todo ello implica que la sociedad ha de quitarse la máscara de la hipocresía y reconocer que ya existen formas solapadas de explotación en las practicas sociales habituales, aquellas de las que sólo se consigue dependencia y servidumbre entre dos personas asimétricamente relacionadas o aquellas que sólo son el resultado de determinadas condiciones sociales. La prostitución no es más que la exposición pública y llevada a los extremos de dichas prácticas.
Si se pretende abordar con garantías de éxito un problema de tal envergadura, no sirven las políticas de parches, como tampoco las medidas milagrosas. Hay que enfrentarlo con valentía y decisión, pensado más en el largo plazo y atacando a las causas del mismo de raíz, aunque ello suponga que se remuevan los cimientos de la sociedad. Y después, cuando la explotación y las condiciones de miseria estén erradicadas, que cada uno haga con su cuerpo lo que libre y responsablemente le venga en gana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario