Es noticia y ha causado alborozo estos días el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla haya suspendido las órdenes de desalojo sobre tres inquilinos que habitan el número 3 de la calle Macasta, en el barrio sevillano de San Luis. Este bloque de viviendas pertenece a Ángel Abascal Jiménez, y no es el único que posee en el casco histórico de la ciudad, sino bastantes más. La causa del desalojo es la denuncia del propietario ante instancias judiciales del supuesto impago de las rentas del alquiler. Por su parte, los vecinos afectados, que llevan años residiendo allí, niegan la mayor y aducen que Abascal “se niega a cobrar” y que, cuando lo hace, “no da los recibos, porque todo era de palabra”.
El estado de las viviendas no es descabellado calificarlo como infrahumano y sus moradores acusan a su casero de “abandonar” la conservación del edificio, algo a lo que está obligado por la ley. Ante la alarma social que crea un desahucio en la actualidad y las protestas de integrantes de Participa Sevilla, entre otros, el Ayuntamiento ha movilizado a la Unidad de Intervención de Emergencias Sociales (Umies) y ha ofrecido a dos de los afectados plazas en un centro de acogida de carácter público y la posibilidad para uno de ellos de ingresar en una residencia, dada su situación de exclusión social. No consta que se haya tomado alguna determinación con respecto al propietario, sobre todo en lo relativo a si su forma de proceder se ajusta a la ley y, también, acerca del por qué dicho bloque de viviendas se encuentra en situación tan lamentable y si esto es de alguna manera justificable.
La situación no es nueva, ni mucho menos, y su prolongación en el tiempo sin que nada haya cambiado sustancialmente la convierte en más que sospechosa. Ya en agosto de 2010, junto a mi compañero Jesús Rodríguez, publicamos un extenso reportaje sobre el acoso inmobiliario en este sector de la ciudad bajo el título “San Luis, historia de la metamorfosis de un barrio”. Casualidades de la vida, una de nuestras fuentes para aquel trabajo fue un vecino que habitaba en dicho inmueble y que sufría y denunciaba ya por entonces situaciones muy parecidas, si no las mismas, que se explican en el artículo de Andalucía Información.
También entrevistamos a Abascal en aquella ocasión, que se encontraba expedientado por la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA), ideada para luchar contra el acoso inmobiliario y que desmanteló Zoido nada más alcanzar el poder municipal en 2011. Ángel Monge, director de OTAINSA nos manifestó que este propietario tenía abierto un expediente por acoso inmobiliario desde 2009. Además, Abascal se mostró como un ferviente defensor del cruel proceso de gentifricación que había sufrido el barrio. Un proceso cuya consecuencia final fue la expulsión de la población originaria hasta cambiar por completo “el carácter social y arquitectónico de ese barrio”, tal y como nos manifestó entonces Ibán Díaz, profesor universitario especialista en Geografía Social. Abascal no dudó en calificarlo como “afortunado y con una evolución muy positiva”
En el ruinoso ruinoso edificio de tres plantas que visitamos entonces la estampa no podia ser más deplorable. Los muros y tabiques presentaban tantas grietas que parecían rescatados de una excavación arqueológica. Los cableados de los tendidos eléctricos colgaban de las paredes como si fueran tendederos descuajaringados. Los canalones de desagüe fracturados vertían la porquería sobre el patio, donde se formaba un charco viscoso y maloliente ante la imposibilidad de absorción de los sumideros atascados. Las escaleras para acceder a sus tres plantas estaban tan desvencijadas y rotas que superarlas constituía una prueba extrema y de alto riesgo. No había cristales en las ventanas y los escombros y la basura se acumulaban por los rincones e impregnaban las estancia con un hedor imposible de soportar.
Según nos manifesto uno de los vecinos, el propietario no se preocupaba ni hacía ninguna actuación por arreglar todos esos desperfectos y decidieron, hace la friolera de más de seis años, poner lo que estaba sucediendo en manos de la Gerencia de Urbanismo, lo que provocó una minima subsanación de los mismos, es decir, lo que se conoce como un lavado de cara.
Ángel Monje nos informó que ya en 2004 se había ordenado a este propietario la ejecución de las obras básicas de seguridad del edificio y de las que no presentó la correspondiente auditoria de correcta realización hasta marzo de ese año, algo que no dudó en calificar como “un acoso directo”. Abascal se justificaba en que estaba a la espera de “una rehabilitación integral de la Junta de Andalucía”, al amparo del Plan de Rehabilitación de Vivienda, y aceptando ciertas condiciones de alquiler social. Por supuesto, echaba las culpas del retraso en las obras de seguridad a la actitud de los vecinos, “que no lo dejaban entrar” en el inmueble y por ello no era consciente de las deficiencias. Los vecinos lo negaban de forma tajante.
Tras todo este tiempo transcurrido, la situación vuelve a repetirse, parece destinada a perpetuarse en el tiempo sin que se le se pueda encontrar una solución. Lo que no creo que se pueda aducir es desconocimiento de la misma y lo que sí estoy seguro es que existe un cúmulo de dejación, tanto por parte de las administraciones, que tienen constancia de ello desde hace más de una década y se han demostrado totalmente inoperantes, como por el propietario, que parece ahondar con el tiempo en los malos hábitos de la época de los asustaviejas.
El hecho de que se busque un arreglo social a la situación de exclusión de algunos de los inquilinos sólo se podrá calificar como parche si, una vez desalojado el edificio, se permite al propietario una operación especulativa, sobre todo conociendo como se conoce la larga y lamentable historia que tiene tras de sí el inmueble. En ese caso el único ganador sería Abasscal, que ya reconoció en aquel reportaje que su deseo era haber vendido el conjunto en pleno boom inmobiliario para obtener pingües beneficios. En otras palabras, la historia volvería a repetirse en un asunto que ha alcanzado la cota de drama social, como es el problema de la vivienda en Sevilla.
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