Ecologistas acusan a Susana Díaz de apostar por la especulación y la corrupción urbanística

• Consideran la amnistía total a las viviendas y urbanizaciones ilegales un despropósito de consecuencias impredecibles

La organización Ecologistas en Acción ha emitido hoy un comunicado en el que acusan a la presidenta de la Junta de Andalucía de apostar por la especulación y la corrupción urbanística al amnistiar a las viviendas urbanizaciones ilegales mediante el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Sobre dicha medida, que desde la Junta han calificado como “regulación”, beneficia de forma descarada a los propietarios, que se han saltado la ley a la torera, en detrimento de todos los demás ciudadanos.

En la nota la califican como un “gigantesco fraude político, legal y electoral” que tiene como finalidad legalizar la totalidad de las viviendas ilegalmente construidas y que “está a punto de consumarse”. El proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno de la Junta permitirá la legalización de la totalidad de viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía, algo diametralmente opuesto al objetivo tan cacareado en campaña de “luchar contra la especulación y la corrupción urbanística”.

Urbanizaciones ilegales en Córdoba

Los ecologistas explican que esta modificación de la LOUA “persigue eliminar el artículo que declara imprescriptible las infracciones de los actos de urbanización en suelo no urbanizable”. La no prescripción es el arma legal que impide que se consoliden estas urbanizaciones ilegales. Es el instrumento que debería haber permitido a los ayuntamientos y a la propia Junta “actuar para desmantelar estas obras de urbanización”, algo que no se ha llevado a cabo por “absoluta desidia, cuando no manifiesta complicidad”, en opinión de los ecologistas.

Ambas administraciones son las que tienen las competencias urbanísticas y ha sido ese modo de proceder el que ha permitido “la existencia de esas miles de urbanizaciones y viviendas ilegales, y también la impunidad de los infractores y delincuentes urbanísticos”. 

La organización ecologista denuncia que la Junta pretende ahora “blindar a estos propietarios para que no se les pueda aplicar las normas de disciplina urbanísticas contempladas en la ley”. Tal grado de "incompetencia y desidia" queda patente con el dato de que “sólo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año” y que “de los 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47% de los casos”. 

El argumento esgrimido por la presidenta de la Junta lo califican como “una falacia”. El repetir de forma reiterada que "beneficiará a los propietarios extranjeros que compraron de buena fe" lo consideran inadmisible "sin ni un solo dato que lo atestigüe”. Además, añaden que los que realmente fueron estafados “pueden acudir a los tribunales, como así han hecho alguno de estos propietarios”. 

La Junta asegura que dicha modificación legal beneficiará a entre 20.000 y 25.000 viviendas, sin embargo los ecologistas sostienen que “en realidad no tienen ni idea del número de viviendas existentes, ni de la propiedad y uso de las mismas”. Tal afirmación la basan en el hecho de que  la propia Junta lo reconoce en la respuesta a una petición de información realizada por ellos al respecto. En la contestación recibida se asegura textualmente que “la administración autonómica no conoce de forma precisa y detallada, los datos solicitados”, sin aportar ni un sólo dato de las viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía y los remite a que "lo soliciten a cada ayuntamiento". 

Urbanizaciones ilegales en la Axarquía

En su opinión, esta actitud ampara "a los que durante las últimas décadas han incumplido la legalidad urbanística" y apoya a los infractores y delincuentes urbanísticos, "cuya actividad no hubiera sido posible sin las tramas de corrupción que se han desarrollado en numerosos municipios”. La inclusión de un artículo que obliga a archivar los expedientes sancionadores de los ayuntamientos contra las viviendas y urbanizaciones ilegales es de “una extrema gravedad, y totalmente ilegal", ya que supone una descalificación en toda regla de "los ayuntamientos que han cumplido con la ley y han expedientado a los infractores urbanísticos, y una injerencia inadmisible en las competencias municipales”. Por ello la organización estudiará “denunciar por prevaricación a los que apoyen esta norma manifiestamente ilegal”.

Los ecologistas recuerdan que ya el PP “indultó a numerosos alcaldes condenados por estas tramas de corrupción urbanística” y que ahora el PSOE “amnistía a los que han construido ilegalmente”. La modificación, “que contará con el entusiasta apoyo del PP, como era previsible, y también de Ciudadanos”, no estaba incluida en los programas electorales ni del PSOE ni de Ciudadanos, por lo que consideran este hecho “un fraude electoral”.

Para los ecologistas, el discurso de la regularización de las viviendas ilegales es “un arma política devastadora para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social", ya que favorece unas formas constructivas que "fomentan la insolidaridad y descohesión social”. También para el propio estado de derecho, al que “desarbola en su núcleo más ejemplar, los jueces, fiscales, policía, políticos y ciudadanos cumplidores de las leyes", que son la mayoría, y constituye "un escándalo de enormes proporciones”. 

En vez de a esto, la Junta debería dedicarse a “adoptar medidas legislativas y políticas” para que se cumpla el mandato constitucional de un uso racional del suelo y frenar la especulación urbanística tal y como establecen los artículos 45 y 47 de la Constitución Española.