Corría el año 2010, en el horizonte ya se divisaban los dentados perfiles de la crisis, salvo para Zapatero que estaba en Babia y no se enteraba de nada de lo que le ocurría a los mortales a ras de suelo. En la localidad aljarafeña de Tomares, la compañía Ferro Grupo Inmobiliario, —denominada ahora Urbanizadora Rojas— se lanzaba a la piscina de construir el conjunto Residencial Andana, formado por 400 viviendas de protección oficial (VPO) distribuidas en cuatro edificios: Alamís, Zalema, Alarije y Airén.
En plena época de crisis, a muchos vecinos de los tres primeros conjuntos no les conceden hipoteca o bien no cumplen con los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía, un año más tarde desde la firma del contrato de compra-venta, cuando ya han depositado en dicha inmobiliaria importantes cantidades de dinero por adjudicatario.
En el caso del último edificio mencionado, Airén, ni siquiera se construye, porque la inmobiliaria carece de recursos para su ejecución, con lo cual se suman más adjudicatarios a la lista de afectados que se quedan sin viviendas.
Los afectados intentan negociar y conseguir el otorgamiento de una vivienda tanto con bancos, con la promotora y con la Junta de Andalucía sin éxito alguno y deciden solicitar sus cuotas entregadas a cuenta.
Tras ser continuamente engañados por Ferro Grupo Inmobiliario —en la actualidad Urbanizadora Rojas—, según manifiestan en un comunicado, los más de cien afectados se ven obligados a acudir a la justicia en demanda de su dinero. Sin embargo, algunos de ellos no puede hacerlo por falta de recursos económicos y continúan esperando una solución milagrosa para recuperar un dinero que, en la mayoría de los casos, supone el ahorro de sus vidas.
Quienes se ampararon en la justicia ganaron el pleito, pero todavía siguen esperando a que les devuelvan su dinero. Quienes no pudieron hacerlo por imposibilidad económica ni si quiera disponen del medio para obligarlos a la devolución de lo que han pagado. Un retrato pantagruélico en una sociedad del siglo XXI.
Ni unos ni otros tienen vivienda. Tampoco dinero. Otros ni siquiera empleo. Todos tienen sus ahorros perdidos en un limbo legal sin horizonte ni túnel de salida. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Tomares, cada institución de un color político diferente, les dan la espalda y se desentienden del asunto. “No podemos hacer otra cosa que aconsejaros que acudáis a la justicia”, les dicen.
Ya han transcurrido cinco largos años. La situación que cambió la vida de todos ellos sigue sin estar resuelta. En algunos casos incluso roza el dramatismo. Pero todavía hoy continúan luchando por recuperar lo que es suyo, lo que les pertenece.
Una vez más han pedido a las administraciones implicadas que no los dejen solos, que les ayuden. ¿Volverá a caer en saco roto su petición? Es más que probable. Estos macro entes administrativos suelen padecer de sordera. Es lo que tiene vivir en una democracia tan avanzada como ésta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario